MODELO DE ACTA FUNDACIONAL

14 de junio de 2017

Hoy les traemos un modelo orientativo de acta fundacional, documento necesario para crear una asociación.

ACTA FUNDACIONAL

(Acta válida para la constitución de asociaciones cuyos promotores sean personas físicas)

 

Reunidos en ___________, el día ___ de ___________ de _____, a las _____ horas, las personas ([1] ) que a continuación se detallan:

 

1.- Nombre________________________,Apellidos____________________________

Nacionalidad______________________________,N.I.F______________, con domicilio en Código Postal__________________

Municipio/Localidad______________________, Provincia__________________________________________________

c/_________________________________________________________,nº_______

 

 

2.- Nombre________________________,Apellidos____________________________

Nacionalidad______________________________,N.I.F______________, con domicilio en Código Postal__________________

Municipio/Localidad______________________, Provincia__________________________________________________

c/_________________________________________________________,nº_______

 

 

3.- Nombre________________________,Apellidos____________________________

Nacionalidad______________________________,N.I.F______________, con domicilio en Código Postal__________________

Municipio/Localidad______________________, Provincia__________________________________________________

c/_________________________________________________________,nº_______

 

 

Acuerdan:

 

1º Constituir una Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación que se denominará ([2]): _____________________________ ________________________________________________________

 

2º Aprobar los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.

 

3º Designar a la Junta Directiva de la entidad, cuya composición de cargos es la siguiente  ([3]) :

-Presidente/a: __________________________________________________

-Secretario/a: __________________________________________________

- _______________________________________________­­­­­­______________

- _____________________________________________________________

 

4º Consentir a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes (RD 522/2006, de 28 de abril) ([4])

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las_________ horas del día de la fecha.

1) D./DÑA.                   2)D./DÑA                    3)D./DÑA.

 

NIF                                NIF                                NIF

 

Firmado                     Firmado                       Firmado

 

 


([1]) Mínimo tres personas físicas

([2]) La denominación deberá coincidir exactamente con la que conste en los Estatutos

([3] ) Los cargos de Presidente y Secretario son obligatorios y deberán designarse de entre los promotores. Podrán añadirse otros cargos como tesorero/a y vocales.

([4] ) Si no se presta el consentimiento, debe aportarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad

CÓMO CREAR UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

10 de abril de 2017

En esta entrada, repasaremos los pasos necesarios para crear una asociación sin ánimo de lucro.

En primer lugar y como requisitos imprescindibles:

1) Debe existir acuerdo expreso de tres o más personas, físicas o jurídicas legalmente constituidas, comprometiéndose a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular.

Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector.

2) Deben dotarse de unos Estatutos que regirán el funcionamiento de la asociación.

3) El acuerdo habrá de formalizarse mediante un acta fundacional, y es desde este momento cuando la asociación adquiere su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, aunque aún no se hubiere cumplido con la obligación de inscripción en el registro correspondiente.

Debe tenerse en cuenta que, aunque una asociación adquiere su personalidad jurídica desde el momento de la firma del acta fundacional, existe la obligación de inscribirla en el registro de asociaciones (autonómico o estatal según el ámbito de actuación) y por tanto se deberá cumplir con el procedimiento administrativo marcado por la administración de que se trate.

En cuanto a los pasos a seguir para su creación son los siguientes:

1) Celebración de la reunión de fundación de la asociación y redacción de los Estatutos y aprobación del Acta Fundacional.

2) Identificación del Registro donde corresponde la inscripción. Si el ámbito de actuación de la entidad es menor al territorio de una Comunidad Autónoma (p.e. ámbito local o regional) la inscripción deberá realizarse en el Registro de Asociaciones Autonómico, sin embargo, si el ámbito de actuación afecta a más de una comunidad autónoma (aunque no sea todo el estado), la inscripción deberá realizarse en el Registro Nacional de Asociaciones.

3) Preparar la documentación que se requiere desde el registro de asociaciones correspondiente (en el caso de asociaciones de ámbito nacional puede presentarse en Gobernación), y que comúnmente será:

- Solicitud de Inscripción firmada según modelo normalizado por el registro.

- 2 copias del Acta Fundacional y de los estatutos firmados por todos los promotores en todas las hojas.

- Identificación de los promotores en el acta fundacional (nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad y nif).

- Abono de las tasas correspondientes.

4) Una vez entregada toda la documentación en el registro, la asociación se quedará con una copia de la solicitud como justificante de su presentación. El registro deberá contestar en el plazo de 3 meses, entendiéndose estimada la solicitud de inscripción en el caso de que no se recibiera contestación en ese plazo.

5) Una vez realizado el procedimiento de inscripción, se podrán realizar otros trámites en función de la actividad que vaya a desarrollar la asociación como por ejemplo la solicitud del cif provisional ante Hacienda, inscripción en otros registros específicos

El Acta fundacional deberá contener la siguiente información:

1) Identificación de los promotores (nombre y apellidos en el caso de personas físicas, denominación social en el caso de personas jurídicas, nacionalidad, domicilio y NIF)

2) Los pactos y la denominación de la asociación.

3) La aprobación de los Estatutos.

4) Lugar y fecha de otorgamiento del Acta, y firma de los promotores, o de sus representantes en el caso de personas jurídicas.

5) La designación de los integrantes del órgano provisional de Gobierno.

 

En cuanto a los Estatutos, son las reglas fundamentales del funcionamiento de una Asociación y son vinculantes para los socios.

Dentro de los Estatutos podríamos distinguir entre los contenidos establecidos por los socios y los contenidos obligatorios. En este sentido, éstos últimos deberán ser, según se establece en el Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, los siguientes:

1. La denominación.

2. El domicilio, así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus actividades.

3. La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.

4. Los fines y actividades de la asociación, descritos de forma precisa.

5. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.

6. Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus distintas modalidades.

7. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.

8. Los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los citados órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados necesaria para poder convocar sesiones de los órganos de gobierno o de proponer asuntos en el orden del día.

9. El régimen de administración, contabilidad y documentación, así como la fecha de cierre del ejercicio asociativo.

10. El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.

11. Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

12. Los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la asociación.

Por lo que respecta a la llevanza de las Asociación:

1)La Asamblea Generales el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

2) Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas dela Asamblea General.Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

En próximas entradas facilitaremos modelos orientativos de acta fundacional y estatutos de una asociación.

 

¿QUÉ HACER SI NO SE ESTÁ DE ACUERDO CON UNA MULTA DE TRÁFICO?

31 de marzo de 2017

Hay multitud de ocasiones en las que por cualquier circunstancia no se está de acuerdo con la multa interpuesta. En estos casos, el procedimiento a seguir es el siguiente:

Una vez que la multa ha sido notificada se dispone de un plazo de quince días hábiles (no se cuentan sábados, domingos o festivos) para efectuar alegaciones, esto es, exponer en un escrito los motivos por los que no se está de acuerdo con la sanción y aportar la documentación que avale esta postura y proponer las pruebas que se estimen oportunas.

Si es necesario para la averiguación y calificación de los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades, el instructor del expediente sancionador, tras recibir las alegaciones acordará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean adecuadas.

El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución motivada las pruebas propuestas por los interesados, cuando sean improcedentes.

Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el instructor elevará propuesta de resolución al órgano que tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.

Posteriormente la Autoridad competente dictará resolución sancionadora o resolución que declare la inexistencia de responsabilidad por la infracción.

La resolución habrá de notificarse en el plazo de un año desde que se inició el procedimiento, deberá ser motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento.

Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución.

Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores podrá interponerse dentro del plazo de un mes recurso de alzada.

Las resoluciones de los recursos de alzada serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los términos previstos en su ley reguladora.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso administrativa.

El plazo de prescripción de las infracciones será el de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y un año para las infracciones muy graves, y se cuenta a partir del día en que los hechos se hubieran cometido.

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio. La prescripción se reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.

El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la correspondiente sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

No dude en comentar nuestro artículo, o, si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico despacho@crovettoabogadosasociados.es.

 

CONSECUENCIAS DE CIRCULAR SIN SEGURO OBLIGATORIO

24 de marzo de 2017

Según la actual legislación, es obligatorio tener contratada una póliza de seguro de automóvil. El Seguro Obligatorio de Automóvil representa la cobertura mínima de Responsabilidad Civil que necesita todo vehículo para circular dentro del territorio español y sirve para ayudar a cubrir los gastos que se deriven de los daños que se causan a terceros en el caso de ser responsable en un accidente de tráfico.

Las consecuencias de no tener seguro suponen:

1) Una sanción que oscila entre los 601€ y los 3.005€ dependiendo de la situación:
• Si el vehículo estaba circulando en el momento en que se impone la multa.
• El servicio que preste el vehículo, no es lo mismo un turismo que una furgoneta con la que se trabaja.
• La gravedad de los hechos, no es lo mismo que el vehículo esté estacionado que, que se haya causado un accidente con un vehículo sin seguro.
• El tiempo que lleve el vehículo sin estar sin seguro
• Si es la primera vez que se pone una multa por conducir sin seguro o no es la primera vez.
2) Además del importe de la multa por conducir sin seguro, el vehículo quedará inmovilizado o en depósito por plazo de un mes (tres meses si no es la primera vez que se impone una multa por no tener seguro) y para poder desprecintarlo o sacar del depósito, deberá acreditarse tener el seguro obligatorio en vigor y deberán abonarse los gastos del depósito o del desprecinto del vehículo.

En los casos más graves, podrían retirar el coche hasta que se demuestre que se ha suscrito, como mínimo, el Seguro Obligatorio.

Si se trata de una persona reincidente la retirada del vehículo podría prolongarse durante tres meses, en los que el propietario del mismo tiene que hacerse cargo del coste del aparcamiento en los depósitos municipales. De no hacerlo se podría perder el vehículo durante un año entero, con una posible inhabilitación para conducir cualquier otro vehículo por España durante el mismo periodo de tiempo.

Por ejemplo, circular con un ciclomotor sin el seguro obligatorio supone aproximadamente unos 1.000 euros de sanción. En el caso de motocicletas 1.250 €; turismos 1.500€ y en el caso de camiones o autobuses la cuantía se eleva a los 2.800€.

Hay que tener en cuenta que las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico tienen valor probatorio respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber que tienen de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios denunciados.

¿Cómo se debe notificar una multa de tráfico por conducir sin seguro?


La multa por conducir sin seguro se debe notificar como cualquier multa de tráfico, es decir, si se puede, debe hacerse en el momento en que el agente de la autoridad sabe que el vehículo circula sin seguro obligatorio.

Para ello, los agentes de la autoridad que controlan el tráfico disponen de sistemas electrónicos a través de los cuales, pueden saber si un vehículo tiene o no en vigor el seguro obligatorio, este sistema se llama FIVA (Fichero informatizado de vehículos asegurados) y simplemente necesitan la matrícula del vehículo para comprobarlo.

Si la multa de tráfico no se puede notificar en el momento, deberá hacerse a través del servicio de notificaciones ofrecido por la Dirección General de Tráfico y, si la persona no está adscrita a este sistema, se hará a través del domicilio de la persona responsable de la multa por conducir sin seguro.

Hay que tener en cuenta que las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad sin parar a los denunciados no serán válidas a menos que consten en las mismas y se les notifique las causas concretas y específicas por las que no fue posible detener el vehículo.

En la multa por conducir sin seguro debe constar, además del responsable de la multa (nombres, apellidos, dirección), los datos del vehículo (modelo y matrícula) y los datos de la infracción en virtud de la cual se impone la multa de tráfico.

En la multa por conducir sin seguro además, debe aparecer el importe de la misma, la forma de pago y el plazo para recurrir, así como, ante quién se puede recurrir.

A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquel que los interesados hayan expresamente indicado y, en su defecto, el que figure en los Registros de Conductores e Infractores, y en el de vehículos.

PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte VI-

12 de diciembre de 2014

Por Francisco Castro Montero.

Abogado.

 

La pensión de alimentos podrá aumentarse o disminuirse en atención al cambio de circunstancias que con el tiempo se vayan produciendo en el obligado a prestarlos (alimentante) y el perceptor de los mismos (alimentista), de acuerdo con el artículo 147 del Código Civil a cuyo tenor: “Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos “.

La modificación de la cuantía de la pensión debe hacerse mediante el correspondiente procedimiento judicial de modificación de medidas, permaneciendo la cantidad fijada en un principio hasta que no se dicte la nueva sentencia.

Así dispone el artículo 90 del Código Civil que: “…..Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo, o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias”…….

 Cabe entonces iniciar el procedimiento de modificación de medidas en el que es necesario la presencia de abogado y procurador cuando se alteren sustancialmente las circunstancias económicas o personales existentes en el momento de su adopción.

Y la pregunta que habría que hacerse ahora sería ¿ cuándo se alteran sustancialmente las circunstancias ? Pues bien, la jurisprudencia ha ido perfilando los requisitos generales que deben concurrir para que pueda entenderse que han cambiado sustancialmente las circunstancias. Estos requisitos son los que se exponen a continuación, aunque no se deben de entender como un listado cerrado:

1.- Que se trate de hechos surgidos con posterioridad a la sentencia que acordó la medida.

2.- Que supongan una modificación sustancial de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de adoptarla.

3.- Que estas nuevas circunstancias revistan cierto grado de permanencia en el tiempo, es decir que no obedezcan a situaciones de carácter coyuntural o transitorio.

4.- Que los hechos que han dado lugar a ese cambio sustancial sean ajenos a la voluntad del cónyuge que solicita la modificación, y no buscados en consecuencia por el mismo con el ánimo de que den lugar a esa modificación que se solicita.

5.- La existencia de esa nueva situación que da lugar a que se solicite la modificación de medidas tiene que ser acreditada o probada por quien peticiona la modificación.

Cuando el progenitor que tiene la custodia del hijo o el que no la tiene, carece de medios económicos para instar una modificación de la pensión de alimentos o una suspensión de la obligación del pago, es decir, no tiene recursos  para contratar a un abogado y un procurador, cuya intervención es necesaria, puede solicitar justicia gratuita.

 

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte V-

9 de diciembre de 2014

Por Francisco Castro Montero.

Abogado.

 

En cuanto a los gastos que se incluyen en la pensión alimenticia, debe distinguirse entre gastos ordinarios y extraordinarios. En la Parte I se explicó lo que se entiende por alimentos exponiéndose el artículo 142 del Código Civil. Pues bien, los alimentos a los que se refiere dicho artículo suponen gastos ordinarios que están cubiertos por la pensión.

Por lo que se refiere a los gastos extraordinarios, hay que indicar que rige en este punto el principio de libertad de pactos. De este modo, en los casos de separación o divorcio se estará en primer lugar a lo que hayan pactado en el convenio regulador los cónyuges respecto de qué consideran como gastos extraordinarios y en qué porcentaje los van a pagar ambos.

No obstante, para aquellos supuestos en los que no se haya detallado en el convenio regulador los gastos extraordinarios, los criterios de gastos ordinarios y extraordinarios que se vienen entendiendo por los Juzgados y Tribunales son los siguientes: los gastos extraordinarios de los hijos  son los que tengan carácter excepcional, imprevisible, necesario y adecuado a la capacidad económica de ambos progenitores.

Estos gastos serán sufragados por ambos por mitad, siempre que medie previa consulta del progenitor custodio al no custodio sobre la conveniencia y/o necesidad del gasto y acuerdo de ambos – de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso – o en su defecto, autorización judicial, mediante la acción del art. 156 del Código Civil.

Los gastos extraordinarios de carácter médico son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia o rehabilitación (incluida  natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica……

Los gastos extraordinarios de carácter educativo son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico.

En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna. En el requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el desembolso, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide.

Los gastos ordinarios incluidos en la pensión alimenticia destinada a cubrir necesidades comunes son los de vestido, ocio, educación, incluidos los universitarios en centros públicos.

Por último, hay un tipo de gastos ordinarios que deben ser consensuados en forma expresa y escrita para que pueda compartirse el gasto, ya que a falta de acuerdo serán sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, sin perjuicio de que pueda ejercitarse con carácter previo la acción del artículo 156 del Código Civil si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad. Este tipo de gastos son los gastos ordinarios no usuales dentro de los cuales se comprenden las actividades extraescolares, deportivas, música, baile, informática, idiomas, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, fiestas de cumpleaños u onomásticas y otras celebraciones necesarias de los hijos, así como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso de posgrado, y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares.

En cualquier caso, los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo, ya que como hemos indicado con anterioridad, es un modelo recogido por algunos Juzgados a la hora de concretar dónde se deben de ubicar los gastos que se producen y por ende la obligación que cada uno de los progenitores tiene respecto a su pago.

La descripción anterior de gastos ordinarios y extraordinarios lo es sin perjuicio de lo expresamente pactado, en su caso, en el Convenio Regulador.

 

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

 

 

 

 

 

 

PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte IV-

26 de noviembre de 2014

Por Francisco Castro Montero.

Abogado.

 

Conforme establece el art. 146 del Código Civil a cuyo tenor:” la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe “, la pensión de alimentos está en relación con el nivel de vida familiar, las necesidades reales de los hijos y las posibilidades económicas de los padres.

Los juzgados  de familia establecen la cuantía de la pensión de alimentos teniendo en cuenta los ingresos netos de los progenitores, el número de hijos, sus edades y las circunstancias especiales que rodean a cada hogar conyugal. De hecho, si alguno de los hijos tiene una enfermedad o un grado de discapacidad, la cuantía de su pensión alimenticia será mayor.

Si bien ambos progenitores están obligados a la manutención de sus hijos, en un procedimiento de separación o divorcio la pensión de alimentos queda fijada, en términos monetarios, respecto del progenitor que no convive con el hijo.

En cualquier caso, los hijos mayores de edad deben hacer un esfuerzo para cooperar en el sostenimiento de sus necesidades mediante un empleo, aunque sea a tiempo parcial, además de adaptar su nivel de vida a la situación real de la familia.

Para calcular la cuantía de la pensión de alimentos existe en España un baremo orientador que ha sido aprobado por el Consejo General del Poder Judicial con el consenso de todos los operadores jurídicos dedicados al Derecho de Familia.

El Consejo General del Poder Judicial ha creado en forma de Tablas Estadísticas de Pensiones de Alimentos un sistema de baremación de estas pensiones que se van a utilizar por Jueces y Tribunales en toda España y en los procesos de familia.  Estas Tablas son un instrumento orientador adaptado a las múltiples casuísticas que se pueden encontrar en esta materia y elaborado con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística.

Hay que añadir que la cuantía de la pensión que se fije por el Juez o Tribunal no puede ser inferior a la pensión mínima o de subsistencia que es la cantidad considerada como indispensable para cubrir unos alimentos de manera vital o suficiente para el menor. En Granada, está acordado por la Audiencia, que el mínimo indispensable para cubrir la pensión de alimentos sea 150 euros, por lo que toda discusión se centrará en valorar si el progenitor debe y puede pagar una cantidad superior.

 

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

 

 

 

 

 

 

 

PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte III-

24 de noviembre de 2014

Por Francisco Castro Montero.

Abogado.

 

La obligación,  cuantía y forma de pago de la pensión de alimentos puede ser acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos de separación o divorcio contencioso.

El artículo 148 del Código Civil dice que: “La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.

 Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente.

 El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una Entidad pública u otra persona y proveer a las futuras necesidades”.

En relación con el párrafo primero de este artículo he de decir que el pago de los alimentos será desde la fecha en que se interponga la  demanda si se trata de hijos menores,  puesto que, tratándose de hijos mayores de edad que vivan de forma dependiente de sus padres, la postura no está clara, ya que hay una línea que considera que el pago de los alimentos a los hijos mayores de edad será desde la sentencia y no desde la demanda.

Esta línea es de jurisprudencia menor emitida por algunas Audiencias que entiende que, tratándose de un hijo mayor dependiente de sus padres,  la reclamación de alimentos hecha escapa en realidad del ámbito de influencia de la patria potestad y se encuadra más propiamente en el marco de las relaciones paterno-filiales, lo que le confiere unas características propias como consecuencia de las circunstancias en las que se declara la obligación de prestarlos.

Por otra parte, no debe olvidarse la posibilidad de que se acuerden medidas provisionalísimas o previas a la demanda de divorcio o separación, lo que se debe de tener en cuenta para determinar desde cuando surge la obligación de pago.

Por último, establece el artículo 1966 del Código Civil que: “Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1ª.  La de pagar pensiones alimenticias….”. Esto quiere decir que la reclamación de cantidades derivadas de la pensión de alimentos prescribe a los 5 años. Por ejemplo,  si estamos en diciembre de 2.014,  podremos reclamar alimentos que se adeuden desde diciembre de 2.009 en adelante, los anteriores habrán prescrito.

 

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

 

 

 

 

 

 

 

PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte II-

17 de octubre de 2014

Por Francisco Castro Montero.

Abogado.

 

Por su parte, el artículo 143 del  Código Civil establece que: “ Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente:

  • 1º. Los cónyuges.
  • 2º. Los ascendientes y descendientes.

Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación “.

Y el artículo 144 del Código Civil añade que: ” La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente:

  • 1º. Al cónyuge.
  • 2º. A los descendientes de grado más próximo.
  • 3º. A los ascendientes, también de grado más próximo.
  • 4º. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.

Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos”.

De estos dos últimos artículos se desprende que, en su caso,  se puede reclamar alimentos a los hermanos aunque su eventual obligación de alimentos sería más reducida que la que puede imponerse al progenitor, ya que como dice el artículo 143 del Código Civil los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, extendiéndose en su caso a los que precisen para su educación.

La  pensión de alimentos para hijos mayores de edad puede reclamarse de varios modos; o bien la solicita el progenitor que convive con el hijo, pidiéndola al otro progenitor, o bien la reclama el hijo mayor de edad directamente, y en este caso deberá demandar a ambos progenitores, aunque frente a aquél de ellos con el que esté viviendo puede solicitar que en lugar de dinero reciba acogimiento y alimentos (pago en especie).

La pensión de alimentos reclamada por el hijo mayor de edad sólo cubrirá sus necesidades básicas de  vida, por lo que su cuantía será inferior a la pensión de alimentos que se pida dentro de un procedimiento matrimonial donde las posibilidades del progenitor obligado a pagar adquieren mayor importancia a la hora de determinar el montante de la pensión. Cuando la pensión es reclamada por el hijo no es necesario que demuestre convivencia con ninguno de los padres peso sí es conveniente que esté estudiando algún curso oficial con un rendimiento medio.   El hijo mayor de edad  debe solicitar la pensión de alimentos cuando pretende reanudar sus estudios que abandonó en el pasado, o cuando no conviva con ninguno de los padres. En cualquier caso el hijo debe carecer de recursos económicos propios que garanticen su independencia.

Para que el progenitor con el que el hijo mayor de edad convive pueda solicitar la pensión deben cumplirse varios requisitos (que, excepto el primero, también se tienen en cuenta cuando la reclamación la efectúa el hijo): – Que el hijo o hija siga conviviendo con el progenitor que va a presentar la demanda de separación, divorcio o de modificación de medidas. – Que el hijo o hija carezca de ingresos propios, o tener ingresos de una cuantía muy pequeña (muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional), por trabajos de vacaciones o esporádicos, que demuestren que no se ha incorporado al mercado laboral. Así, no se estiman suficientes los ingresos obtenidos en empleos esporádicos o vacacionales (verano, Navidad, etc.), aunque durante un mes se superen estos mínimos. En cambio, los ingresos se consideran aceptables cuando tienen cierta regularidad y están alrededor del sueldo mínimo (que para 2014 está fijado en 645,30 euros mensuales, lo que supone 21,51 euros diarios). Debe resultar patente que el hijo no se ha incorporado al mercado laboral, pues un empleo temporal y mal pagado puede demostrar que el hijo está buscando un trabajo de forma permanente y excluir su derecho a pensión. – El hijo debe estar estudiando, es decir, realizando algún curso oficial. Además, debe tener rendimientos medios. No valen, a estos efectos, los estudios de idiomas o música o la práctica de deportes en una academia privada unos días a la semana. - La edad del hijo o hija es un factor decisivo para amparar la petición de la pensión. El juez otorga de forma más fácil una pensión a un joven de 18 años que está estudiando una carrera universitaria, que a otro de 24 que está terminando el bachillerato. Pese a todo lo anterior, no hay una edad legal que sirva de límite para una pensión de alimentos en un procedimiento matrimonial.  Por otra parte resulta indiferente la edad, pues siempre se tiene derecho a pensión de los padres (y a la inversa), pero hay que demostrar la necesidad, y que se ha intentado encontrar trabajo y fuentes de ingresos. De todas formas debo dejar claro que las pensiones para personas de más de veinticinco años y menores de sesenta y cinco que viven de forma independiente son prácticamente imposibles pues se supone que se han incorporado al mercado laboral.  En general, conviene que la pensión sea reclamada por el progenitor con el que el hijo convive, si se cumplen los requisitos antes vistos, pues la cuantía será algo superior.

 

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

 

PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte I-

14 de octubre de 2014

Por Francisco Castro Montero.

Abogado.

 

Uno de los principales problemas que se plantea cuando una pareja o matrimonio se separa o divorcia es la manutención de los hijos. Si los hijos son menores de edad, no cabe duda que los padres tienen la obligación de alimentarlos y de cubrir todas sus necesidades (ropa, gastos de educación, medicamentos…). Pero ¿ qué ocurre cuando los hijos son mayores de edad ?

Los padres tiene el deber de contribuir a las alimentos de los hijos ya sean  menores de edad, ya mayores en período de formación y sin ingresos propios que les permitan hacer una vida independiente.

La pensión de alimentos es el deber impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia de otra, implicando la existencia de dos partes: una acreedora que se llama alimentista que tiene derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante que  tiene el deber legal y moral de prestarlos.

Tratándose de separación y divorcio, la obligación de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges  frente al otro cónyuge o frente a los hijos.

El ordenamiento jurídico español no establece ninguna edad a partir de la cual deba extinguirse de forma automática la pensión de alimentos. Los padres tienen el deber de abonar la pensión alimenticia a sus hijos mayores de 18 años que estén estudiando o que carezcan de medios económicos propios que garanticen su independencia, siempre que estén haciendo lo necesario por conseguirlos.

 

La pensión de alimentos comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del alimentista como resulta del artículo 142 del Código Civil a cuyo tenor: “ Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”.

 

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

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