Archivo de enero de 2013

A VUELTAS CON LAS TASAS

Lunes, 28 de enero de 2013

DIVORCIOS Y PAREJAS DE HECHO

Detengámos un momento, y analicemos la ley. En relación a las exenciones objetivas de la tasa se recoge en su articulado una serie de supuestos por los que no hay que tributar.

Entre ellos, “… los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre la guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores”. Artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Dada la anterior redacción y puesta en conexión con el divorcio, hemos de precisar, en primer lugar que no todos los procesos de divorcio están exentos del pago de la tasa.

Tan real como la vida misma, si queremos modificar nuestro estado civil y rehacer nuestras vidas hemos de tributar como buenos ciudadanos y contribuyentes.

Pero,… ¿cuánto nos supondría volver a nuestro status de soltero? Bueno, todo depende …..

Si estamos incursos dentro de un proceso de mutuo acuerdo los costes pueden reducirse bastante. Así con la interposición de la demanda, y al tramitarse ésta por los cauces del juicio verbal, debiéramos abonar ad initium unos 150€, a lo que habría que añadir otros 90€ al tratarse de un procedimiento de cuantía indeterminada, lo que implicaría un desembolso inicial de 240€. Este es el mínimo que el Erario fija para poder modificar nuestro estado civil.

Y ¿qué ocurre entonces con los divorcios contenciosos? ¿Qué ocurre cuando la dinámica de pareja está tan enquistada que es imposible un entendimiento entre los cónyuges? Pues que se hace negocio de ello:

Demanda inicial: 150€

Cantidad adicional variable ( y al ser un procedimiento de cuantía indeterminada, establece la Ley de Tasas en su artículo 6.2 que se valolarán en 18.000€ la cuantía de los mismos a los efectos de establecer la base imponible de la tasa); así pues:

18.000€ x 0,5%= 90€

Es evidente que si se llega a los extremos de presentar un procedimiento contencioso, una vez se reciba la demanda, lo más normal es que además de contestarla, reconvinamos (o contrademandemos), por lo que, otra vez, hay que preparar el bolsillo, y tributar del mismo modo que si estuviésemos presentando la demanda de divorcio:

Reconvención: 150€
Cantidad adicional variable: 90€

Otros 240€ para la saca. Sume y siga.

Con frecuencia, una vez que se dicta Sentencia, lo más normal es que alguno de los litigantes no esté conforme con la totalidad de los pronunciamientos que se recogen en el fallo judicial.

Por lo que si se está planteando la posibilidad de recurrir, prepare el bolsillo, o haga acopio de efectivo, toda vez que la interposición del recurso de apelación le supondrá un desembolso mínimo de 800€. A estas alturas, nuestro divorcio ha generado unas tasas de 1.280€.

Eso sí, el legislador, en su altruista y desinteresada labor, ha excluido del pago de la tasa aquellos procedimientos en los que hay menores implicados, quedando fuera de la obligación de abono los divorcios con hijos menores en los que se diluciden cuestiones de guardia y custodia y alimentos de la progenie.

No obstante, ¿qué ocurre con aquellas parejas que han optado por una vida en común sin descendencia? La respuesta y llana y sencilla: pagar tasas.

Y lo que es más lacerante aún si cabe, ¿qué ocurre con las parejas de hecho con hijos menores? Una vez más: pagan tasa. Y esta vez con independencia de si se reclaman alimentos para los hijos. Esto es así, porque no nos encontramos incursos en un proceso matrimonial, el vínculo legal del matrimonio no concurre.

Todo lo anterior expresa una técnica legislativa paupérrima del poder constituido, ya que de facto se produce una doble discriminación: respecto a las familias sin hijos menores, y respecto a las parejas de hecho. Se produce una clara contradicción y contravención de los principios fijados por el constituyente.

Entendemos que en estas situaciones es clara la violación del artículo 14 de la Carta Magna: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

“JUSTICIA DE POBRES, JUSTICIA DE RICOS”

Martes, 8 de enero de 2013

LAS TASAS QUE NOS ESPERAN

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia.

La vigencia de esta norma implica que para poder acceder a la tutela judicial efectiva (derecho fundamental que consagra nuestra constitución), deberemos previamente pasar por caja cuando se trate del ejercicio de los siguientes actos procesales:

Interposición de demanda en toda clase de procesos declarativos. Así sucedería, por ejemplo, cuando se quiera reclamar una factura, cuando pleiteemos por una herencia, o por una cuestión de lindes.

Interposición de demanda de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, como es el caso de un documento notarial en el que se realiza un reconocimiento de deuda.
La formulación de reconvención ( o lo que podríamos llamar “vulgarmente” contrademanda).

La petición inicial de proceso monitorio, como ocurre en el caso de reclamación de las cuotas de comunidad a nuestros vecinos morosos.

La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.

La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En estos supuestos podríamos englobar el recurrir una multa, o el reclamar por daños sufridos, por ejemplo, al tropezar con un socavón en la vía pública.

La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

La interposición del recurso de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.

La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

Ahora bien, económicamente, ¿qué nos cuesta poder pleitear para defender aquello que creemos que en derecho nos corresponde?

Ante todo, precisar que el pago del “tasazo” lo han de soportar todos los justiciables con independencia de su capacidad económica. La referencia a la capacidad económica en nuestro artículo no es casual, ya que entendemos que se trata de un principio de equidad recogido en nuestra Carta Magna. (Artículo 31 de la Constitución).

Esta Ley no hace distinción entre grandes fortunas y “curritos” de a pie. Todos pagan por igual. Únicamente queda exento del pago de la tasa si es usted beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, o lo que es lo mismo, si en la unidad familiar a la que pertenece no se supera el nivel de rentas o ingresos económicos de 14.910,28 € anuales (el doble del Indicador de Público de Rentas a Efectos Multiples).

Disertaciones aparte sobre justicia, igualdad y progresividad, para saber cuánto hemos de satisfacer al Erario público, hemos de partir en primer lugar, de una tasa fija cuyo importe viene determinado en función del tipo de procedimiento:

ORDEN CIVIL:

Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: 100 euros.
Verbal y cambiario: 150 euros.
Ejecución extrajudicial y concurso ordinario: 200 euros.
Ordinario: 300 euros.
Apelación: 800 euros.
Casación: 1.200 euros.

ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:

Abreviado: 200 euros.
Ordinario: 350 euros.
Apelación: 800 euros.
Casación: 1.200 euros.

ORDEN SOCIAL:

Suplicación: 500 euros.
Casación: 750 euros.

A lo anterior, hay que sumarle una cantidad variable que se calcula en función de la cuantía del procedimiento.

De 0 a 1.000.000 euros:  Se aplicará el tipo del 0,5%
Resto: Se aplicará el 0,25%

Ejemplifiquemos lo expuesto: Tenemos un seguro a todo riesgo contratado para nuestro vehículo que cubre el 100% del valor de compra del mismo en caso de siniestro durante el primer año.

Si desgraciadamente tenemos un accidente y nuestro vehículo es declarado siniestro total en ese primer año de vigencia del contrato y resulta que aciagamente la compañía aseguradora rehúsa el pago de la indemnización; nos veremos obligados a interponer una demanda reclamando el pago del valor de compra de nuestro coche.

Así por ejemplo, si nos costó 12.000€, tendríamos que abonar de tasa las siguientes cantidades:

Por la interposición de la demanda en un juicio declarativo, la cantidad fija de 300€.
Y como cantidad adicional el 0,5% de esos 12.000 € que reclamamos, esto es otros 60 €.

Ya de entrada en la primera instancia habría que ingresar en la Hacienda Pública 360€. Súmele también los gastos de abogado y procurador. Si por alguna circunstancia, una vez dictada la Sentencia no está de acuerdo con sus pronunciamientos, prepárese para recurrirla:

Por la interposición del recurso de apelación otros 800€.
Y como cantidad adicional el 0,5% de la cuantía de los pronunciamientos que se estén apelando.

Sume y siga. ¿Le quedan ganas de seguir recurriendo?, reformulemos la cuestión ¿tiene usted liquidez suficiente como para poder afrontar semejante desembolso? Lo dicho: Justicia de pobres,Justicia ricos e incertidumbre para el resto.

Para no extendernos sobremanera, en próximas entradas seguiremos diseccionando esta Ley de Tasas pues aún quedan conceptos por dilucidar.