Archivo de marzo de 2014

Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (VIII). La forma en la que ha de ser facilitada la información. El empleo de impresos generales en la medicina satisfactiva.

Viernes, 28 de marzo de 2014

Por Juan Campos Fernández

Abogado

Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la UE.

Una semana más, y de nuevo al hilo de lo expuesto en anteriores entradas, entramos de lleno en una cuestión que dentro del ámbito del Derecho Sanitario despierta no menos interés que el desarrollado la semana pasada.  El interés que de ello deviene probablemente se encuentre ligado no tanto a su complejidad técnica como a su actualidad, y del hecho de que en la práctica cualquiera de nosotros se ha visto más de una vez firmando un documento estandarizado en la consulta del dentista; documento que con frecuencia además de enfarragoso, ilegible y hasta agorero dista bastante de ser propiamente considerado como “consentimiento informado”, sino más bien “desinformado”. Huelga decir que no son infrecuentes las exenciones completas de responsabilidad para el profesional sanitario (por supuesto, nulas) y manifestaciones de lo más variopintas, que denotan la franca decadencia y desviación del consentimiento informado en la práctica, y la mala consideración que de él tienen los profesionales sanitarios;  concibiéndolo, con suerte, como un mero requisito formal para no ser demandados. Aspecto éste que, para más inri, no suelen consultar a  juristas, como denota la redacción de dichos formularios. Sin más preámbulos, entremos en materia.

En cuanto a la forma en la que ha de proporcionarse la información, frente a la derogada regulación de la LGS, la ley 41/2002 se decanta por la oralidad como regla general, aunque de dicha información deba dejarse constancia escrita en la historia clínica en cualquier caso. Lo más usual sin embargo es que la información se preste tanto en forma oral como escrita, con predominio incluso de la segunda forma. Esto es aún más frecuente en la medicina satisfactiva, puesto que para la mayoría de sus tratamientos la norma prescribe la forma escrita para prestar válido consentimiento, como ya se indicó con anterioridad. Ello no obstante no está exento de problemas. Y es que pese a lo señalado por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 de octubre de 1997 “la información ha de ser suficiente, esclarecedora, veraz y adaptada a las circunstancias (…) sin que su formulación y la de la consiguiente manifestación del consentimiento transformen la existencia de dicho binomio garantista del Derecho a la salud en una exigencia con caracteres del requisito ad solemnitatem ni, por el contrario, sus trámites formales reduzcan la operatividad de aquél a la de un puro trámite burocrático estandarizado…”, la práctica demuestra precisamente lo contrario.

 Resulta muy frecuente en el ámbito de la medicina satisfactiva que se acuda al empleo de impresos generales o formularios, que le son entregados al paciente con objeto de dejar constancia de su consentimiento, sin que de la mera firma de éstos pueda deducirse que efectivamente dicho consentimiento reúne los requisitos antes enunciados para su validez.

La validez de estos formularios en el cumplimiento del deber de información que la norma impone al personal sanitario resulta dudosa. En este sentido resulta esclarecedora la Sentencia de la Provincial de Asturias de 25 de mayo de 1998, citada por BLANCO PÉREZ-RUBIO, que señala que debe detallarse “expresamente en qué consistirían esas otras medidas terapéuticas, cuándo sería necesario aplicarlas y, sobre todo, los mayores riesgos que se corren (…), sin que esa información pueda proporcionarse a través de un impreso general, ni a través de una cláusula de estilo donde se diga que consiente en que se le practiquen otras medidas terapéuticas, si fueran necesarias durante el curso de la intervención”.

 En idéntico sentido, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2001 que “la información practicada en el supuesto del pleito ni se aproxima a los presupuestos que se dejan estudiados para poder considerarlo como información correcta, ya que sólo consta que la actora y su marido firmaron un documento impreso del hospital, carente de todo rigor informativo, pues resulta ser un modelo general para toda clase de intervenciones, sin especificación concreta de los riesgos y alternativas de la intervención que se iba a practicar”. En términos similares se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1997, en la que se señala que “no es posible exponer un modelo prefijado que albergue a priori el vasto contenido de dicha información (si bien abarcaría como mínimo y, en sustancia, por un lado, la exposición de las características de la intervención; y en segundo lugar, las ventajas e inconvenientes de dicha intervención; en tercer lugar, los riesgos de la misma; en cuarto lugar, el proceso previsible del postoperatorio e, incluso, en quinto lugar, el contraste con la residual situación ajena o el margen de dicha intervención”.

La reducción del consentimiento informado a un puro trámite burocrático ha resultado desde sus inicios una práctica común en la profesión médica. Ya en 1978 hacía notar VACCARINO 1 que “al ser incapaces de distinguir entre el consentimiento y su documentación, los profesionales del Derecho han precipitado una enorme confusión entre los médicos en lo relativo al consentimiento informado, esto es, que si un formulario está firmado, el consentimiento informado ha sido obtenido. En última instancia, el formulario de consentimiento debe de ser tenido por lo que es: nada más que un indicio de que el consentimiento informado fue obtenido”. Un ejemplo aún más clamoroso de esta deformación lo constituye el modelo de consentimiento diseñado en los años 80 por tres prestigiosos autores: Paul S. APPELBAUM, Charles LIDZ y Alan MEISEL 2. Dicho modelo (event model), de gran influencia en el ámbito anglosajón, supone convertir los formularios en el protagonista del consentimiento informado. Bajo esta óptica, lo fundamental no es ya informar adecuadamente al paciente, sino diseñar formularios que cumplan con todos los requisitos formales exigidos con objeto de salvaguardar la posición jurídica del facultativo. 

Señala SIMÓN, que tras el empleo masivo de formularios, subyace la idea entre los profesionales sanitarios de que la finalidad del consentimiento informado no es otra que la de obtener una autorización por escrito, en la que el paciente consiente en someterse a la intervención. Obviamente, no es así. El consentimiento informado es, básicamente, “un proceso verbal que se despliega en el interior del acto clínico formando parte de él.”3. El formulario de consentimiento informado es una de las herramientas que válidamente el profesional puede utilizar para proporcionar información a los pacientes y dejar constancia por escrito de su consentimiento, pero en ningún caso puede ser la única ni la más importante. 

Espero que la presente entrada les sea de alguna utilidad; cuanto menos podrán juzgar críticamente el mencionado formulario que, por supuesto, les seguirán entregando por doquier, sabiendo pues a qué se atienen, qué derechos les asisten y cuál es y cuál no la forma correcta de informar al paciente o usuario. Dado que tampoco quiero cansarles con un mismo tema, la próxima semana publicaré la siguiente y última entrada al respecto, a propósito del onus probandi en estos ámbitos. Recuerden que sigo a su entera disposición, y por supuesto en CROVETTO ABOGADOS ASOCIADOS estaremos encantados de solventarles cualquier duda que pudiera surgirles.

1 VACCARINO.Consent, informed consent and the consent form”. N Engl J Med 1978

 

2LIDZ , APPELBAUM , MIESEL “Two models of implementing informed consent”. Arch Inter Med 1988

 

3 SIMÓN. “Diez mitos en torno al consentimiento informado”, Anuario del Sistema Sanitario de Navarra 2006, vol.29 suplemento 3, págs.29-40.

 

Multas, sanciones, infracciones y su prescripción (Parte III,FINAL)

Viernes, 28 de marzo de 2014

Por Pablo Hitos Madrid, abogado.

En anteriores publicaciones y continuando con el hilo en relación a esta temática comentábamos lo siguiente:

El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Por lo tanto:

Hay que saber diferenciar entre una SANCIÓN y una INFRACCIÓN.

Las infracciones y su plazo para prescribir lo hemos explicado anteriormente. La infracción es la acción u omisión que es contraria a la ley. Ej: conducir bebido, saltarse un stop, estacionar sobre la acera etc… Una omisión sería no ponerse el cinturón o no encender las luces.

Las sanciones tienen diferente plazo de prescripción que las infracciones, y no son la misma cosa. Una sanción es la consecuencia jurídica que sigue a la infracción, es decir, la multa. La infracción es saltarse el stop, la sanción es 200€ de multa.

La sanción ya es firme en vía administrativa y, por lo tanto, la única posibilidad que tenemos ahora para interponer recurso contra ella es acudir a la vía contencioso-administrativa, es decir, a los Tribunales;

 

Plazos de prescripción de sanciones:

* Si la sanción es PECUNIARIA (cuando hablamos de dinero, es decir 100€, 200€, 500€, etc.), el plazo para prescribir es de 4 años. Esto supone que si la sanción cobra firmeza el 1 de Enero de 2008 y el denunciado no paga la multa, la administración mediante vía de apremio intentará cobrarla antes del 1 de Enero de 2012 y si no lo hace la sanción prescribe.

* Para el resto de sanciones es de 1 año (por ejemplo, retirada del carné, derecho a tener una autoescuela, etc).

Este plazo de prescripción comienza a contar desde que el expediente administrativo de la multa ha terminado.

A raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de tráfico, conviven multas con un plazo de prescripción de un año y multas con plazo de prescripción de cuatro años, con lo cual es importante distinguir unas y otras.

 

Para finalizar podemos decir que existen dos plazos de prescripción: el de la infracción y el de la sanción.

Infracción, desde que cometo el hecho hasta que se inicia el procedimiento sancionador o expediente sancionador.

Si pasan los 3 meses o 6 sin que hayan comenzado el expediente pues es como si mi infracción no hubiera ocurrido y no tengo que pagar nada.

Sanción, desde que se ha resuelto que tengo que pagar la multa hasta que me la cobran. Si pasa el plazo de pago sin que me la hayan cobrado por causas en las que la administración tiene la culpa, pues ya prescribe y no tengo obligación de pagar.

 

No olviden expresar sus opiniones y dudas en la caja de comentarios.

Muchas gracias por su atención.

 

Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (VII). El contenido de la información que se le ha de suministrar al paciente. Riesgos típicos y atípicos.

Viernes, 21 de marzo de 2014

Por Juan Campos Fernández 

Abogado.  

Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la UE.

Examinadas ya la mayor parte de las cuestiones pertinentes, retomamos la cuestión tal y como la dejamos la semana pasada con una materia que muy probablemente sea del mayor interés del lector: el contenido material del consentimiento informado en los supuestos de medicina voluntaria o satisfactiva. De hecho constituye el aspecto más paradigmático del consentimiento informado, toda vez que el profano en la materia tiende a identificar lo uno con lo otro; aunque, como hemos reiterado, no es sino una más de tantas facetas.

El art.10.5 LGS, ahora derogado, establecía que la información debía prestarse al paciente en términos comprensibles, ser completa y continuada, facilitada en forma verbal y escrita, sobre sus proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, requisitos los cuales fueron progresivamente ampliados por la jurisprudencia anterior a la promulgación de la ley 41/2002.

 La Ley 41/2002, básica de la autonomía del paciente, regula con carácter general, al reconocer al paciente el derecho a la información asistencial, el contenido mínimo de esta información: “la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias” (art. 4.1). Dicha información, regulada con carácter de mínimos, debe referirse en virtud del art.10 a los siguientes extremos: las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones.

 La información, según se desprende de la jurisprudencia y la doctrina ha de ser adecuada, y comprensible debiendo ser adaptada por el responsable de suministrarla a las características del paciente, de tal manera que el paciente pueda prestar su consentimiento (art.2.2) pudiendo decidir con conocimiento de causa y libremente entre las diversas opciones (art.2.3). Por otra parte, la información suministrada ha de ser verdadera, máxima e inexcusable, dado que en la medicina satisfactiva no existen supuestos de necesidad terapéutica que pudieran justificar una posible omisión o inexactitud en la información.

 Más concretamente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2003 señala que la información ha de ser “puntual, correcta, veraz, leal, continuada, precisa y exhaustiva, es decir, que para la comprensión del destinatario se integre con los conocimientos a su alcance para poder entenderla debidamente y también ha de tratarse de información suficiente que permita contar con datos claros y precisos para poder decidir si se somete a la intervención que los servicios médicos le recomiendan o proponen”.

Ahora bien, la exhaustividad en la información puede dar lugar al indeseable efecto de confundir al paciente. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000 señala que “no cabe olvidar que la información excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada (…) y en un padecimiento innecesario para el enfermo. Es menester interpretar en términos razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la función médica, sin excluir que la información previa pueda comprender también los beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos que cabe en caso contrario”.

 Respecto a esta cuestión, señala DÍAZ MARTÍNEZ1 que no es infrecuente encontrar documentos de consentimiento informado prolijos hasta el absurdo en el ámbito de la medicina satisfactiva.

Tales documentos, el prestador del servicio pretende por lo general emplear el consentimiento informado como un elemento para salvaguardar su propia posición jurídica, insistiéndose en el carácter inexacto de la ciencia médica y la imposibilidad de obtener un determinado resultado. En estos casos, como señala la SAP Barcelona de 28 de junio de 2006, el facultativo incurre en responsabilidad precisamente por falta de información adecuada respecto a las probabilidades reales de éxito o fracaso de la intervención.

En cualquier caso, la información ha de ser, particularmente en el caso de la medicina satisfactiva, lo más detallada posible. Como indica JUANES PECES 2, la información ha de ser lo más completa y pormenorizada posible, indicando los riesgos que pudieran derivarse específicamente de una determinada actividad. Resulta este aspecto especialmente relevante en el caso de medicina satisfactiva, ya que al constituir un requisito fundamental del consentimiento, una información defectuosa puede ser causa de un vicio en el consentimiento generador de responsabilidad para el médico. Como ya se ha indicado, en los casos de medicina voluntaria el contenido de la información debe ser más riguroso, debiéndose informar de manera pormenorizada de todos los riesgos posibles o complicaciones que pudieran surgir tanto durante la intervención como en el postoperatorio, ya que por lo general la falta de información en cualquiera de estos aspectos suele tener como resultado una sentencia condenatoria para el demandado.

Por su parte, la propia ley 41/2002 detalla la información que en todo caso el facultativo ha de proporcionar en su art.10, para los supuestos en los que se exige que el consentimiento se haga por escrito (art.8) que en el ámbito de la medicina satisfactiva suelen referirse a intervenciones quirúrgicas, y a la que ya se hizo mención. De la redacción del art.10 puede concluirse que la relevancia radica en la información al paciente sobre los posibles riesgos y consecuencias que pudieran derivar de la intervención, con independencia de su frecuencia. Si bien es cierto que la jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha indicado que no es preciso suministrar información acerca de los riesgos atípicos o infrecuentes (véase a título de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1994 o 28 de diciembre de 1998, por mencionar las primeras), no es menos cierto que dichas afirmaciones se refieren siempre a supuestos de medicina curativa y no de medicina satisfactiva. De hecho, y como también se ha indicado antes, la jurisprudencia es tajante en cuanto a las condenas a profesionales sanitarios por falta de información en cuanto a riesgos, con independencia de la naturaleza de los mismos.

En relación con los riesgos típicos, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1998 que “la obligación de información al paciente, sobre todo cuando se trata de medicina curativa, tiene ciertos límites, y así, se considera que quedan fuera de esta obligación los llamados riesgos atípicos, por imprevisibles o infrecuentes, frente a los riesgos típicos, que son aquellos que pueden producirse con más frecuencia y que pueden darse en mayor medida, conforme a la experiencia y al estado actual de la ciencia”.

 Ahora bien, si dicha argumentación resulta válida par aquellos supuestos en los que la intervención tiene como finalidad la curación del paciente, no lo es tanto en aquellos casos en los que ella intervención se enmarca dentro de la medicina satisfactiva. En estos casos, la información debe ser mucho más completa, pues no siendo necesaria la intervención para recuperar o mantener la salud, el paciente debe ser plenamente consciente del riesgo que asume con la intervención, y no sólo del previsible e inherente a la intervención concreta a que se somete como en el caso de la medicina curativa3. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2002, indicando que “la información proporcionada no fue la oportuna y razonable en relación con la intervención y el usuario, pues no se le pusieron de relieve los eventuales riesgos, previsibles e incluso frecuentes, para poder ser valorados por el mismo, y con base en tal conocimiento prestar su asentimiento o conformidad o desistir de la operación, y ello era tanto más relevante si se tiene en cuenta que se que se trataba de una intervención quirúrgica, y de un supuesto de los que se denominan de medicina voluntaria (no curativa o satisfactiva) en los que la libertad de opción por parte del cliente es evidentemente superior a la que tienen los pacientes sometidos a la medicina necesaria o curativa”.

Dicha información ha de suministrarse, en opinión de BLANCO PÉREZ-RUBIO con independencia de su baja probabilidad. Así lo indica también el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 de enero de 2001, que viene a decir que “poco importa la frecuencia a efectos de información y el tanto por ciento y las estadísticas al respecto, si tal complicación es inherente a toda intervención en el cuello, ya que por su inherencia y ser perfectamente conocida debió manifestárselo a la enferma”.

Examinados estos extremos, y esperando haberle sido de utilidad, me despido hasta la próxima semana, en la cual expondré la controvertida problemática referida al empleo de impresos generales en las clínicas privadas como medio de informar al paciente; impresos que siendo de lo más frecuente en la práctica, distan generalmente de ser respetuosos con el espíritu del consentimiento informado, no siendo en la mayor parte de los casos sino una transmutación de éste en un mero requisito ad solemnitatem.

1 DÍAZ MARTÍNEZ, op.cit

 

2 JUANES PECES, op.cit

 

3 SANCHO GARGALLO, op.cit

 

Multas, sanciones, infracciones y su prescripción (Parte II)

Jueves, 20 de marzo de 2014

Por Pablo Hitos Madrid, abogado.

 

Esta semana volvemos con la continuación del tema relacionado con las multas, sanciones y su prescripción.

Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.

Desde que se inicia el procedimiento sancionador (el expediente que va a resolver sobre la multa que te han puesto) se dispone de 1 año para dictar resolución (para resolver si te multan o no). Si no se resuelve en ese plazo pues el procedimiento caduca, luego no te pueden sancionar. Tu como denunciado pasado el año puedes exigir que el procedimiento lo archiven, o lo hará el encargado del expediente a propia iniciativa.

Ese plazo de 1 año para que caduque el procedimiento se puede suspender si por el hecho que te han denunciado se ha iniciado un procedimiento penal (ej: conducir borracho puede ser tanto infracción administrativa como penal). El plazo de 1 año para caducar se reanudará si el juez resuelve que eres inocente, para que así continue el expediente administrativo y te denuncien por via administrativa.

 

Pongamos un ejemplo: Un policía denuncia a una persona por ir bebido y a la vez envía diligencias al juzgado para que le metan en juicio.

El expediente de la multa se paraliza hasta que el juez resuelva si eres culpable o no. Si lo declaran culpable pues pagas via penal, pero no la multa del Ayuntamiento o de la Jefatura de Tráfico.

Si el juez dictamina que el sujeto es inocente , el Ayuntamiento o la Jefatura de Tráfico podran seguir adelante con el expediente.

El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

 

En próximas publicaciones diferenciaremos entre sanción e infracción y entraremos mas a fondo en el tema relacionado con el plazo de prescripción de las sanciones.

No olviden expresar sus opiniones y dudas en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (VI).La relevancia del tiempo en el consentimiento informado.

Miércoles, 12 de marzo de 2014

En anteriores entradas,se ha hecho referencia a que la información ha de prestarse antes del consentimiento, al ser éste un requisito para su validez. Parámetro que pese a su indiscutible relevancia práctica, la norma no ha considerado digna de una mayor atención. No obstante, sí que merece al menos que nos detengamos al menos a ofrecer un breve apunte a propósito de la relevancia de la variable temporal en el ámbito del consentimiento informado, y particularmente en la medicina satisfactiva. Pues bien, retomando nuevamente la cuestión en el punto en que la dejamos la última vez, procedamos pues a examinar la relevancia de la que el tiempo está revestido en el consentimiento informado.

La ley , en los arts. 2, 4, 5 y 6 simplemente hacer referencia a que la información ha de ser “adecuada”. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que la información, para que sea válida, ha de prestarse con una antelación suficiente, de tal manera que el paciente pueda procesarla y reflexionar conforme a ella, decidiendo en base a dicha reflexión lo más conveniente para sus intereses. En la ley dicha teoría parece sugerirse en el art.8.1, que señala que “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información pre vista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso”. No es sin embargo suficiente. La importancia del tiempo resulta capital en el caso del consentimiento informado, ya que privar al paciente del tiempo preciso para madurar la información equivale a privarle de ésta, puesto que su eficacia queda anulada al no disponerse del tiempo preciso para madurarla.

El deber de información ha de entenderse también como una obligación de tracto sucesivo, y no aislado en un momento concreto en el tiempo, en tanto que ésta puede ser cambiante, y afecta a todos y cada uno de los elementos del tratamiento. Por consiguiente, entiendo que el deber del médico debe ser el de informar al paciente siempre que tenga alguna novedad, para mantener las noticias que éste tenga de sus estado actualizadas. Sería también oportuno que el médico informase al paciente aun cuando no sea así, para indicarle cada cierto tiempo que su estado sigue igual, permitiéndole valorar en su fuero interno si la decisión previamente adoptada sigue siendo válida conforme a sus intereses y preferencias. Así lo entienden también CERVILLA GARZÓN1 y BLANCO PÉREZ-RUBIO2. Y como señala DOMÍNGUEZ LUELMO “el derecho a la autodeterminación del pacientes obre su propio cuerpo no sólo justifica o fundamenta el derecho a ser informado como presupuesto previo a su consentimiento, sino también que, por su conexión con la libertad (ya que sólo quien conoce todos los aspectos de su enfermedad puede consentir libremente mientras la enfermedad persista) justifica que le derecho a ser informado persista a lo largo de toda la relación entre el paciente y el profesional sanitario, y no se agote en el momento de consentir previo al tratamiento o intervención”3

En los supuestos de medicina satisfactiva, según se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2003, la necesidad de proporcionar la información suficiente y con la debida antelación adquiere una mayor relevancia, señalándose que “ si bien existió una información actualizada, puntual y precedente a la intervención objeto del pleito, (…) y no procede admitir que la información anterior resulte vigente y eficaz y pueda proyectarse a la operación que es objeto de este proceso, sobre todo cuando como respuesta a aquélla la recurrente decidió no operarse. La jurisprudencia exige e impone que para estos supuestos de contrato de arrendamiento de obra se acrecienta la obligación del facultativo de prestar cumplida información, al revestir el deber del médico y derecho del cliente, constituyendo un derecho humano fundamental (…). En el presente caso se infringió el deber de información, pues no se trata de una información oportuna y efectiva, ya que no consta acreditado que se hubiera realizado con una inmediatez temporal razonable a la operación de senos, lo que era carga probatoria del médico demandado (…) La no prestación de información representa una infracción de la lex artis ad hoc”.

Juan Campos Fernández

Licenciado en Derecho

Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la Unión Europea.

1 CERVILLA GARZÓN, La prestación de servicios profesionales, Valencia, 2001.

 

2 BLANCO PÉREZ-RUBIO, op.cit.

 

3 DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica (2ª Ed), Valladolid, 2007. pág.162

 

Multas, infracciones,sanciones y su prescripción (Parte I)

Lunes, 10 de marzo de 2014

Por Pablo Hitos Madrid, abogado.

 

 

 El plazo de prescripción de las infracciones previstas en la Ley sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial será de 3 meses para las infracciones leves y de 6 meses para las infracciones graves y muy graves.

El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.

PRESCRIPCIÓN: significa cuando una acción o hecho, deja de tener consecuencias jurídicas, es decir, cuando un sujeto hace algo denunciable y pasado un plazo determinado deja de ser sancionable.

Por ejemplo: Si una persona se salta un stop y no la denuncian en 6 meses (porque es infracción grave), pues ya no la pueden denunciar por esa infracción.

El plazo para que prescriba una infracción empieza a contar desde el mismo día en que se comete la infracción (el momento en que la persona se salta el stop).

* Infracciones leves: prescriben a los 3 meses desde que realizas la infracción. Ejemplo: Persona que aparca en un paso de cebra o en una zona exclusiva para minusválidos.

* Infracciones graves y muy graves: prescriben a los 6 meses desde que se realiza la infracción .

Ejemplo: No respetar luz roja del semáforo, saltarse un ceda el paso o como dijimos anteriormente saltarse un stop.

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.

El plazo para que prescriba una infracción puede detenerse:

·        Cuando falten datos para continuar el expediente como la identidad del denunciado, donde vive etc. Siempre que tales datos deban solicitarse a otra administración, institución u organismo.

·        También en las circunstancias descritas en los artículos 76, 77 y 78. (que vienen a decir que el cómputo comienza cuando se reciba la notificación del inicio del expediente sancionador).

El plazo de prescripción se reanudará cuando la causa de la paralización no sea culpa del denunciado al pasar más de 1 mes. (Esto es un derecho para el denunciado, sino se podría paralizar un procedimiento de forma abusiva).

En próximas publicaciones iremos tratando mas aspectos en relación a este tema, si tienen alguna cuestión o desean realizar alguna opinión sobre este asunto no duden en escribir en la caja de comentarios.

Muchas gracias por su atención.