Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (IV).El paciente como exclusivo titular del derecho a la información.

El art. 5.1 de la Ley 41/2002  dispone que “el titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita”, entendiéndose por paciente “la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud”(art.3). Por consiguiente el titular del derecho a la información es el propio paciente, siempre y cuando tenga la capacidad de decidir por sí mismo según se desprende de la redacción del art.5 de la Ley. O en palabras de GALÁN CORTÉS[1], el paciente será titular del derecho a la información siempre que tenga la aptitud cognoscitiva para entender la información y para poder elegir autónoma y racionalmente lo conveniente a sus intereses.

Contrariamente a la redacción del antiguo art.10.5 LGS, que establecía que la información debía facilitarse tanto al propio paciente como a “familiares o allegados”, la Ley 41/2002 convierte a éste en exclusivo titular de la información que a su salud atañe, pudiendo ser informados sus allegados sólo en la medida en que éste consienta (art.5.1) tanto tácita como expresamente, siempre y cuando tenga reconocida capacidad suficiente para hacerlo.

Respecto a la información que haya de ser facilitada a familiares o personas vinculadas al paciente por relaciones de afectividad, la Ley no indica ningún orden de preferencia. Ante tal situación, BLANCO PÉREZ RUBIO entiende que, por orden de preferencia, deberán ser informados en primer lugar  el cónyuge o similares, en su defecto los familiares de grado más próximo, y dentro del mismo grado, deberán primar los de mayor sobre los de menor edad.

Pese a que el titular de la información es exclusivamente el paciente, existen determinadas situaciones para las que el ordenamiento contempla el derecho a ser informados, aun sin la voluntad de éste. En primer lugar, la propia Ley en su art.5.2 señala que en los casos en los que el paciente sea incapaz, se le deberá informar conforme a su grado de comprensión, sin que ello impida que deba también ser informado en todo caso sus representantes legales. En cuanto a los incapaces, por analogía del Código Civil, deben entenderse aquí incluidos tanto los menores de edad no emancipados como aquellos incapacitados por medio de sentencia judicial y sometidos a tutela o patria potestad prorrogada o rehabilitada (arts.171 y 222 CC).

En segundo lugar, deberán ser informados los familiares o allegados en los casos en los que, gozando por lo general el paciente de capacidad suficiente, se encuentra a criterio del médico en una situación de incapacidad debido a su actual estado físico o mental (art.5.3). Igualmente también podrán ser informados cuando exista de manera acreditada un estado de necesidad terapéutico, entendiéndose por tal aquella situación en la que objetivamente informar al paciente suponga un perjuicio grave para su salud (art.5.4).

Es preciso señalar que en los casos de medicina satisfactiva, no es usual que se den estas circunstancias, pues quien se somete a este tipo de intervenciones tiene plena capacidad y lo hace conforme a su deseo. No obstante, ha habido casos de menores que han sido sometidos a tales intervenciones sin que se les hubiera informado debidamente ni a éstos ni a sus representantes legales (véase a título de ejemplo la STS de 2 de diciembre de 1997[2]).

 

Juan Campos Fernández

Licenciado en Derecho

Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la Unión Europea.

 



[1]    GALÁN CORTÉS, op.cit

[2]    En este caso, se trataba de un procedimiento de alargamiento tibial al que fue sometida una menor. Dicha intervención tuvo como resultado una serie de graves limitaciones funcionales para la paciente, sin que constase que ni ella ni los padres hubieran sido debidamente informados de los riesgos de la intervención.

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