Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (VII). El contenido de la información que se le ha de suministrar al paciente. Riesgos típicos y atípicos.

Por Juan Campos Fernández 

Abogado.  

Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la UE.

Examinadas ya la mayor parte de las cuestiones pertinentes, retomamos la cuestión tal y como la dejamos la semana pasada con una materia que muy probablemente sea del mayor interés del lector: el contenido material del consentimiento informado en los supuestos de medicina voluntaria o satisfactiva. De hecho constituye el aspecto más paradigmático del consentimiento informado, toda vez que el profano en la materia tiende a identificar lo uno con lo otro; aunque, como hemos reiterado, no es sino una más de tantas facetas.

El art.10.5 LGS, ahora derogado, establecía que la información debía prestarse al paciente en términos comprensibles, ser completa y continuada, facilitada en forma verbal y escrita, sobre sus proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, requisitos los cuales fueron progresivamente ampliados por la jurisprudencia anterior a la promulgación de la ley 41/2002.

 La Ley 41/2002, básica de la autonomía del paciente, regula con carácter general, al reconocer al paciente el derecho a la información asistencial, el contenido mínimo de esta información: “la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias” (art. 4.1). Dicha información, regulada con carácter de mínimos, debe referirse en virtud del art.10 a los siguientes extremos: las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones.

 La información, según se desprende de la jurisprudencia y la doctrina ha de ser adecuada, y comprensible debiendo ser adaptada por el responsable de suministrarla a las características del paciente, de tal manera que el paciente pueda prestar su consentimiento (art.2.2) pudiendo decidir con conocimiento de causa y libremente entre las diversas opciones (art.2.3). Por otra parte, la información suministrada ha de ser verdadera, máxima e inexcusable, dado que en la medicina satisfactiva no existen supuestos de necesidad terapéutica que pudieran justificar una posible omisión o inexactitud en la información.

 Más concretamente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2003 señala que la información ha de ser “puntual, correcta, veraz, leal, continuada, precisa y exhaustiva, es decir, que para la comprensión del destinatario se integre con los conocimientos a su alcance para poder entenderla debidamente y también ha de tratarse de información suficiente que permita contar con datos claros y precisos para poder decidir si se somete a la intervención que los servicios médicos le recomiendan o proponen”.

Ahora bien, la exhaustividad en la información puede dar lugar al indeseable efecto de confundir al paciente. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000 señala que “no cabe olvidar que la información excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada (…) y en un padecimiento innecesario para el enfermo. Es menester interpretar en términos razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la función médica, sin excluir que la información previa pueda comprender también los beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos que cabe en caso contrario”.

 Respecto a esta cuestión, señala DÍAZ MARTÍNEZ1 que no es infrecuente encontrar documentos de consentimiento informado prolijos hasta el absurdo en el ámbito de la medicina satisfactiva.

Tales documentos, el prestador del servicio pretende por lo general emplear el consentimiento informado como un elemento para salvaguardar su propia posición jurídica, insistiéndose en el carácter inexacto de la ciencia médica y la imposibilidad de obtener un determinado resultado. En estos casos, como señala la SAP Barcelona de 28 de junio de 2006, el facultativo incurre en responsabilidad precisamente por falta de información adecuada respecto a las probabilidades reales de éxito o fracaso de la intervención.

En cualquier caso, la información ha de ser, particularmente en el caso de la medicina satisfactiva, lo más detallada posible. Como indica JUANES PECES 2, la información ha de ser lo más completa y pormenorizada posible, indicando los riesgos que pudieran derivarse específicamente de una determinada actividad. Resulta este aspecto especialmente relevante en el caso de medicina satisfactiva, ya que al constituir un requisito fundamental del consentimiento, una información defectuosa puede ser causa de un vicio en el consentimiento generador de responsabilidad para el médico. Como ya se ha indicado, en los casos de medicina voluntaria el contenido de la información debe ser más riguroso, debiéndose informar de manera pormenorizada de todos los riesgos posibles o complicaciones que pudieran surgir tanto durante la intervención como en el postoperatorio, ya que por lo general la falta de información en cualquiera de estos aspectos suele tener como resultado una sentencia condenatoria para el demandado.

Por su parte, la propia ley 41/2002 detalla la información que en todo caso el facultativo ha de proporcionar en su art.10, para los supuestos en los que se exige que el consentimiento se haga por escrito (art.8) que en el ámbito de la medicina satisfactiva suelen referirse a intervenciones quirúrgicas, y a la que ya se hizo mención. De la redacción del art.10 puede concluirse que la relevancia radica en la información al paciente sobre los posibles riesgos y consecuencias que pudieran derivar de la intervención, con independencia de su frecuencia. Si bien es cierto que la jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha indicado que no es preciso suministrar información acerca de los riesgos atípicos o infrecuentes (véase a título de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1994 o 28 de diciembre de 1998, por mencionar las primeras), no es menos cierto que dichas afirmaciones se refieren siempre a supuestos de medicina curativa y no de medicina satisfactiva. De hecho, y como también se ha indicado antes, la jurisprudencia es tajante en cuanto a las condenas a profesionales sanitarios por falta de información en cuanto a riesgos, con independencia de la naturaleza de los mismos.

En relación con los riesgos típicos, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1998 que “la obligación de información al paciente, sobre todo cuando se trata de medicina curativa, tiene ciertos límites, y así, se considera que quedan fuera de esta obligación los llamados riesgos atípicos, por imprevisibles o infrecuentes, frente a los riesgos típicos, que son aquellos que pueden producirse con más frecuencia y que pueden darse en mayor medida, conforme a la experiencia y al estado actual de la ciencia”.

 Ahora bien, si dicha argumentación resulta válida par aquellos supuestos en los que la intervención tiene como finalidad la curación del paciente, no lo es tanto en aquellos casos en los que ella intervención se enmarca dentro de la medicina satisfactiva. En estos casos, la información debe ser mucho más completa, pues no siendo necesaria la intervención para recuperar o mantener la salud, el paciente debe ser plenamente consciente del riesgo que asume con la intervención, y no sólo del previsible e inherente a la intervención concreta a que se somete como en el caso de la medicina curativa3. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2002, indicando que “la información proporcionada no fue la oportuna y razonable en relación con la intervención y el usuario, pues no se le pusieron de relieve los eventuales riesgos, previsibles e incluso frecuentes, para poder ser valorados por el mismo, y con base en tal conocimiento prestar su asentimiento o conformidad o desistir de la operación, y ello era tanto más relevante si se tiene en cuenta que se que se trataba de una intervención quirúrgica, y de un supuesto de los que se denominan de medicina voluntaria (no curativa o satisfactiva) en los que la libertad de opción por parte del cliente es evidentemente superior a la que tienen los pacientes sometidos a la medicina necesaria o curativa”.

Dicha información ha de suministrarse, en opinión de BLANCO PÉREZ-RUBIO con independencia de su baja probabilidad. Así lo indica también el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 de enero de 2001, que viene a decir que “poco importa la frecuencia a efectos de información y el tanto por ciento y las estadísticas al respecto, si tal complicación es inherente a toda intervención en el cuello, ya que por su inherencia y ser perfectamente conocida debió manifestárselo a la enferma”.

Examinados estos extremos, y esperando haberle sido de utilidad, me despido hasta la próxima semana, en la cual expondré la controvertida problemática referida al empleo de impresos generales en las clínicas privadas como medio de informar al paciente; impresos que siendo de lo más frecuente en la práctica, distan generalmente de ser respetuosos con el espíritu del consentimiento informado, no siendo en la mayor parte de los casos sino una transmutación de éste en un mero requisito ad solemnitatem.

1 DÍAZ MARTÍNEZ, op.cit

 

2 JUANES PECES, op.cit

 

3 SANCHO GARGALLO, op.cit

 

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