Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina medicina voluntaria o satisfactiva (VIII). La forma en la que ha de ser facilitada la información. El empleo de impresos generales en la medicina satisfactiva.

Por Juan Campos Fernández

Abogado

Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la UE.

Una semana más, y de nuevo al hilo de lo expuesto en anteriores entradas, entramos de lleno en una cuestión que dentro del ámbito del Derecho Sanitario despierta no menos interés que el desarrollado la semana pasada.  El interés que de ello deviene probablemente se encuentre ligado no tanto a su complejidad técnica como a su actualidad, y del hecho de que en la práctica cualquiera de nosotros se ha visto más de una vez firmando un documento estandarizado en la consulta del dentista; documento que con frecuencia además de enfarragoso, ilegible y hasta agorero dista bastante de ser propiamente considerado como “consentimiento informado”, sino más bien “desinformado”. Huelga decir que no son infrecuentes las exenciones completas de responsabilidad para el profesional sanitario (por supuesto, nulas) y manifestaciones de lo más variopintas, que denotan la franca decadencia y desviación del consentimiento informado en la práctica, y la mala consideración que de él tienen los profesionales sanitarios;  concibiéndolo, con suerte, como un mero requisito formal para no ser demandados. Aspecto éste que, para más inri, no suelen consultar a  juristas, como denota la redacción de dichos formularios. Sin más preámbulos, entremos en materia.

En cuanto a la forma en la que ha de proporcionarse la información, frente a la derogada regulación de la LGS, la ley 41/2002 se decanta por la oralidad como regla general, aunque de dicha información deba dejarse constancia escrita en la historia clínica en cualquier caso. Lo más usual sin embargo es que la información se preste tanto en forma oral como escrita, con predominio incluso de la segunda forma. Esto es aún más frecuente en la medicina satisfactiva, puesto que para la mayoría de sus tratamientos la norma prescribe la forma escrita para prestar válido consentimiento, como ya se indicó con anterioridad. Ello no obstante no está exento de problemas. Y es que pese a lo señalado por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 de octubre de 1997 “la información ha de ser suficiente, esclarecedora, veraz y adaptada a las circunstancias (…) sin que su formulación y la de la consiguiente manifestación del consentimiento transformen la existencia de dicho binomio garantista del Derecho a la salud en una exigencia con caracteres del requisito ad solemnitatem ni, por el contrario, sus trámites formales reduzcan la operatividad de aquél a la de un puro trámite burocrático estandarizado…”, la práctica demuestra precisamente lo contrario.

 Resulta muy frecuente en el ámbito de la medicina satisfactiva que se acuda al empleo de impresos generales o formularios, que le son entregados al paciente con objeto de dejar constancia de su consentimiento, sin que de la mera firma de éstos pueda deducirse que efectivamente dicho consentimiento reúne los requisitos antes enunciados para su validez.

La validez de estos formularios en el cumplimiento del deber de información que la norma impone al personal sanitario resulta dudosa. En este sentido resulta esclarecedora la Sentencia de la Provincial de Asturias de 25 de mayo de 1998, citada por BLANCO PÉREZ-RUBIO, que señala que debe detallarse “expresamente en qué consistirían esas otras medidas terapéuticas, cuándo sería necesario aplicarlas y, sobre todo, los mayores riesgos que se corren (…), sin que esa información pueda proporcionarse a través de un impreso general, ni a través de una cláusula de estilo donde se diga que consiente en que se le practiquen otras medidas terapéuticas, si fueran necesarias durante el curso de la intervención”.

 En idéntico sentido, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2001 que “la información practicada en el supuesto del pleito ni se aproxima a los presupuestos que se dejan estudiados para poder considerarlo como información correcta, ya que sólo consta que la actora y su marido firmaron un documento impreso del hospital, carente de todo rigor informativo, pues resulta ser un modelo general para toda clase de intervenciones, sin especificación concreta de los riesgos y alternativas de la intervención que se iba a practicar”. En términos similares se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1997, en la que se señala que “no es posible exponer un modelo prefijado que albergue a priori el vasto contenido de dicha información (si bien abarcaría como mínimo y, en sustancia, por un lado, la exposición de las características de la intervención; y en segundo lugar, las ventajas e inconvenientes de dicha intervención; en tercer lugar, los riesgos de la misma; en cuarto lugar, el proceso previsible del postoperatorio e, incluso, en quinto lugar, el contraste con la residual situación ajena o el margen de dicha intervención”.

La reducción del consentimiento informado a un puro trámite burocrático ha resultado desde sus inicios una práctica común en la profesión médica. Ya en 1978 hacía notar VACCARINO 1 que “al ser incapaces de distinguir entre el consentimiento y su documentación, los profesionales del Derecho han precipitado una enorme confusión entre los médicos en lo relativo al consentimiento informado, esto es, que si un formulario está firmado, el consentimiento informado ha sido obtenido. En última instancia, el formulario de consentimiento debe de ser tenido por lo que es: nada más que un indicio de que el consentimiento informado fue obtenido”. Un ejemplo aún más clamoroso de esta deformación lo constituye el modelo de consentimiento diseñado en los años 80 por tres prestigiosos autores: Paul S. APPELBAUM, Charles LIDZ y Alan MEISEL 2. Dicho modelo (event model), de gran influencia en el ámbito anglosajón, supone convertir los formularios en el protagonista del consentimiento informado. Bajo esta óptica, lo fundamental no es ya informar adecuadamente al paciente, sino diseñar formularios que cumplan con todos los requisitos formales exigidos con objeto de salvaguardar la posición jurídica del facultativo. 

Señala SIMÓN, que tras el empleo masivo de formularios, subyace la idea entre los profesionales sanitarios de que la finalidad del consentimiento informado no es otra que la de obtener una autorización por escrito, en la que el paciente consiente en someterse a la intervención. Obviamente, no es así. El consentimiento informado es, básicamente, “un proceso verbal que se despliega en el interior del acto clínico formando parte de él.”3. El formulario de consentimiento informado es una de las herramientas que válidamente el profesional puede utilizar para proporcionar información a los pacientes y dejar constancia por escrito de su consentimiento, pero en ningún caso puede ser la única ni la más importante. 

Espero que la presente entrada les sea de alguna utilidad; cuanto menos podrán juzgar críticamente el mencionado formulario que, por supuesto, les seguirán entregando por doquier, sabiendo pues a qué se atienen, qué derechos les asisten y cuál es y cuál no la forma correcta de informar al paciente o usuario. Dado que tampoco quiero cansarles con un mismo tema, la próxima semana publicaré la siguiente y última entrada al respecto, a propósito del onus probandi en estos ámbitos. Recuerden que sigo a su entera disposición, y por supuesto en CROVETTO ABOGADOS ASOCIADOS estaremos encantados de solventarles cualquier duda que pudiera surgirles.

1 VACCARINO.Consent, informed consent and the consent form”. N Engl J Med 1978

 

2LIDZ , APPELBAUM , MIESEL “Two models of implementing informed consent”. Arch Inter Med 1988

 

3 SIMÓN. “Diez mitos en torno al consentimiento informado”, Anuario del Sistema Sanitario de Navarra 2006, vol.29 suplemento 3, págs.29-40.

 

Deja un comentario