Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina voluntaria o satisfactiva (I).

La entrada en vigor de la  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica supuso la consagración en nuestro ordenamiento jurídico de dos principios básicos: el derecho de todo paciente o usuario a ser informado,  y la exigencia de que el consentimiento que deba prestarse en el marco de la actividad sanitaria tenga su origen en una previa información facilitada por el facultativo y previamente asimilada por quien deba prestarlo. Este consentimiento informado aparece definido en la ley  como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud” (art.3).

Frente a los anteriores modelos, el paciente, por el hecho de serlo, no pierde su dignidad y los derechos que le son inherentes por el hecho de requerir de los servicios de un facultativo, en especial el derecho de autodeterminación en relación a su salud. De este modo tiene derecho a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea conveniente. Así lo reconoce expresamente el art. 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000.

La prestación de dicha información se convierte así en un deber médico de extraordinario relieve, ya que para que el paciente o usuario pueda consentir someterse a cualquier tipo de intervención o tratamiento ha de ser previamente informado del tratamiento o intervención, de sus alternativas y de sus riesgos, de un modo tal que le permita madurar la información y decidir con total autonomía lo más conveniente para sus intereses. Este deber se intensifica aún más en los supuestos de medicina voluntaria o satisfactiva, ya que como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, no es la necesidad lo que lleva a someterse a ella, sino la voluntad de conseguir un beneficio estético o funcional, lo que acentúa la obligación del facultativo de obtener un resultado e informar sobre los riesgos y pormenores de la intervención. En este sentido, la información que preste el facultativo debe ser lo más completa y pormenorizada posible, indicando los riesgos que puedan derivarse específicamente de una determinada intervención. Y es que, si la información es el presupuesto del consentimiento, una información defectuosa o inexacta puede dar lugar a un vicio en el consentimiento y generar responsabilidad para el facultativo.

En Crovetto Abogados Asociados somos conscientes de la complejidad de estas materias, para cuyo asesoramiento se exige una alta cualificación profesional, en un ámbito tan técnico y lleno de matices como es el Derecho Sanitario. Crovetto Abogados Asociados dispone de un amplio personal experimentado en materia de responsabilidad civil médica, y cuyo compromiso de calidad y eficacia constituye su principal carta de presentación. Un despacho cercano tanto al paciente como al profesional sanitario que cuenta con la colaboración de numerosos especialistas y peritos, distinguiéndose por su comprensión y adaptabilidad a las circunstancias particulares de cada caso.

 

Deja un comentario