Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina voluntaria o satisfactiva (II).La naturaleza de la vinculación entre el paciente y el facultativo en la medicina voluntaria o satisfactiva. La extensión de la responsabilidad en la medicina satisfactiva por medio de la garantía del resultado.

Desde sus orígenes, la doctrina ha venido sosteniendo que la obligación que vincula a médico y paciente en los supuestos de medicina curativa es una obligación de medios, y no de resultado, entendiendo que la obligación del facultativo no es asegurar la sanación del enfermo, sino la de poner todos los medios a su disposición con objeto de conseguir dicho resultado. Así también lo ha venido considerando la jurisprudencia, señalando el Tribunal Supremo que  “la obligación contractual o extracontractual del médico no es la de obtener en todo caso la recuperación del enfermo o, lo que es lo mismo, no es la suya una obligación de resultado sino una obligación de medios, es decir, está obligado no a curar al enfermo, sino a proporcionarle todos los cuidados que requiere el estado de la ciencia” (STS 26 de mayo de 1986, citada en otras sentencias posteriores como las sentencias de 12 de julio de 1988, 7 de febrero de 1990, 12 de diciembre de 1990, 15 de febrero de 1993, 26 de septiembre de 1994, 21 de julio de 1997, 14 de mayo de 2001, o más recientemente 29 de junio de 2007 o 12 de marzo de 2008, entre otras).

Más concretamente, la ya célebre Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1997 señala que “la idea que se mantiene es que la obligación no es la de obtener un resultado (en este caso, la salud del paciente), sino la de prestar el servicio más adecuado en orden a la consecución de un resultado. El resultado siempre está presente en la obligación; en la de actividad, ésta es el objeto de la obligación; en la de resultado, su objeto es el resultado mismo. Ello implica dos consecuencias: la distribución del riesgo y el concepto del incumplimiento, total o parcial, siendo este último el llamado también cumplimiento defectuoso. El deudor de obligación de actividad ejecuta la prestación consistente en tal actitud y cumple con su ejecución adecuada y correcta; el deudor de obligación de resultado, ejecuta la prestación bajo su propio riesgo, ya que tan sólo hay

cumplimiento si se produce el resultado. A su vez, lo anterior se relaciona con el cumplimiento; en la obligación de actividad, la realización de la conducta diligente basta para que se considere cumplida, aunque no llegue a darse el resultado: lo que determina el cumplimiento no es la existencia del resultado, sino la ejecución adecuada y correcta, es decir, diligente, de la actividad encaminada a aquel resultado. El cumplimiento de la obligación de resultado, por el contrario, requiere la satisfacción del interés del acreedor consistente en la obtención del resultado. En consecuencia, en la obligación de resultado, la no obtención de éste, que implica incumplimiento de obligación, hace presumir la culpa; en la obligación de actividad, es precisa la prueba de la falta de diligencia, para apreciar incumplimiento”. Ello ha de ponerse en relación con lo señalado en la STS de 29 de julio de 1994, que indica que “una doctrina reiterada de esta Sala subordina a la previa acreditación de una clara negligencia por parte de quien presta tales servicios, calificados como originadores de una obligación de medios, independiente de los resultados que con ello se obtengan”. Y ello, naturalmente sin perjuicio, de que la falta de diligencia en la actividad se deduzca de la producción del daño, cuando éste es desproporcionado en relación de causalidad con la actividad del profesional médico.

No obstante a lo anteriormente indicado, existen numerosos supuestos en los que la naturaleza de la obligación del facultativo no está tan clara. Se trata de aquellos supuestos en los que la intervención del facultativo no busca ya la curación de un paciente, sino la satisfacción de un cliente que requiere de sus servicios para la consecución de un determinado resultado, ofrecido por el facultativo y querido por éste. Son estos los casos de intervenciones quirúrgicas de la medicina llamada “voluntaria” o “satisfactiva” por oposición a la medicina “curativa”: la cirugía estética, la odontología, la vasectomía y la ligadura de trompas, en los que, como indica la Sentencia de 25 de abril de 1994 “el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia  patológica, sino para el mejoramiento de un aspecto físico o estético o par ala transformación de una actividad biológica, la actividad sexual, en forma tal que permita practicar el acto sin necesidad de acudir a otros métodos anticonceptivos”.

Para algunos autores, como GARCÍA HERNÁNDEZ[1], FERNÁNDEZ COSTALES[2] o DOMÍNGUEZ LUELMO[3] la obligación que el facultativo asume frente al paciente en los casos de medicina satisfactiva es de resultados, en cualquier caso. Matiza sin embargo FERNÁNDEZ COSTALES que en los supuestos en los que las intervenciones de carácter satisfactivo tengan por objeto corregir determinadas deformidades que afectan psicológicamente al sujeto, o bien funcionalmente, la obligación se aproxima notoriamente al ámbito del arrendamiento de servicios, esto es, se trata de una obligación de medios.

Igualmente, también sostiene algún autor que, “cuando la finalidad de una intervención es meramente estética el médico, o bien asume una obligación de resultado, garantizando el logro de dicha finalidad, o bien incurre en una culpa in contrahendo, por cuanto se hace cargo, sin una necesidad perentoria, o sea, temerariamente, de una obligación superior a sus fuerzas, y provoca un riesgo o peligro evitable con sólo dejar de operar.”[4]

Otros autores, particularmente GALÁN CORTÉS[5], señalan que se trata de una obligación de medios “acentuada” salvo que el facultativo se haya comprometido expresamente a la consecución de un determinado resultado, ya que para este autor resulta ilógico agravar la responsabilidad del cirujano en los casos de medicina satisfactiva frente a los supuestos en los que se persigue la curación del paciente. La razón es que en ambas situaciones, dada la influencia de multitud de factores ajenos al control del cirujano y consustanciales a toda intervención, como el azar, o la multitud de elementos tanto exógenos como endógenos, y tanto en la propia intervención como en el postoperatorio, resulta imposible asegurar la consecución del resultado perseguido.

MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ señala sin embargo que la distinción entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados resulta fútil, entendiendo que la importancia radica en el deber de información, debiendo distinguirse entre no lograr el resultado perseguido y empeorar o lesionar el cuerpo del paciente, o incluso causarle la muerte[6].

FERNÁNDEZ HIERRO señala que en todo caso lo relevante es atender a la relación concreta, y a la existencia de contrato (que es lo usual en casos de medicina satisfactiva).  Habría que estar a los términos pactados en dicho contrato para calificarlo o no de contrato de obra (obligación de resultados), pero  entendiendo que dado el carácter no necesario de este tipo de intervenciones, aun no tratándose de un contrato de obra se mantiene la presunción de culpa prevista para las obligaciones de resultados[7].

En la jurisprudencia, el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse por primera vez a propósito de esta cuestión en la Sentencia de 21 de marzo de 1950. En dicha sentencia, en relación a una cirugía realizada con objeto de corregir determinados defectos corporales, el Tribunal consideró que el contrato celebrado entre paciente  y médico “tiene más aspecto de contrato de obra que de arrendamiento de servicios”, aunque las sentencias posteriores consideraron que el contrato, pese a aproximarse al contrato de obra, no pierde su carácter de arrendamiento de servicios, aunque intensifica los deberes del médico, particularmente el deber de información al paciente.

En este sentido, constituye un hito en la jurisprudencia del Tribunal Supremo la Sentencia de 25 de abril de 1994,  que consideró que “a la hora de calificar el contrato que une al paciente con el médico a cuyos cuidados se somete, esta Sala, en doctrina constante, lo ha considerado como de arrendamiento de servicios y no de arrendamiento de obra, en razón a que, tanto la naturaleza mortal del hombre, como los niveles a que llega la ciencia médica, -insuficientes para la curación de determinadas enfermedades-, y, finalmente, la circunstancia de que no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual, lo que hace que algunos de ellos, aún resultando eficaces para la generalidad de los pacientes, puedan no serlo para otros, todo ello impide reputar el aludido contrato como de arrendamiento de obra, que obliga a la consecución de un resultado -el de la curación del paciente- que, en muchos casos, ni puede, ni podrá nunca conseguirse, dada la aludida naturaleza mortal del hombre, entendiendo que, por tratarse de un arrendamiento de servicios, a lo único que obliga al facultativo es a poner los medios para la deseable curación del paciente, atribuyéndole, por tanto, y cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una llamada obligación de medios”.

Sin embargo, señala a continuación que “si las anteriores obligaciones médicas pueden predicarse en los supuestos en los que una persona acude al mismo para la curación de una enfermedad o cuadro patológico, en los que, como se ha dicho anteriormente, el contrato que liga a uno y otro cabe calificarlo nítidamente como de arrendamiento de servicios, en aquellos otros en los que la medicina tiene un carácter meramente voluntario, es decir, en los que el interesado acude al médico, no para la curación de una dolencia patológica, sino para el mejoramiento de un aspecto físico o estético o, como en el estudiado en los presentes autos, para la transformación de una actividad biológica -la actividad sexual-, en forma tal que le permita practicar el acto sin necesidad de acudir a otros métodos anticonceptivos, el contrato, sin perder su carácter de arrendamiento de servicios, que impone al médico una obligación de medios, se aproxima ya de manera notoria al de arrendamiento de obra, que propicia la exigencia de una mayor garantía en la obtención del

resultado que se persigue, ya que, si así no sucediera, es obvio que el interesado no acudiría al facultativo para la obtención de la finalidad buscada. De ahí que esta obligación que, repetimos, es todavía de medios, se intensifica, haciendo recaer sobre el facultativo, no ya solo, como en los supuestos de medicina curativa, la utilización de los medios idóneos a tal fin, así como las obligaciones de informar ya referidas, sino también, y con mayor fuerza aún, las de informar al cliente -que no paciente-, tanto del posible riesgo que la intervención, especialmente si esta es quirúrgica, acarrea, como de las posibilidades de que la misma no comporte la obtención del resultado que se busca, y de los cuidados, actividades y análisis que resulten precisas para el mayor aseguramiento del éxito de la intervención”.

Esta doctrina fue muy seguida por el Tribunal en las sentencias posteriores a ésta, especialmente en las sentencias que siguieron al auge en las cirugías que tenían por objeto modificar la capacidad reproductiva, a finales de la década de los 90 y principios del presente siglo. Como ejemplo, pueden citarse las SSTS 11 de febrero de 1997, 28 de junio de 1997, 28 de junio de 1999, 11 mayo de 2001, 11 de diciembre de 2001, 22 de julio de 2003, o 12 de marzo de 2004. No obstante, ello no fue impedimento para que otras muchas sentencias durante este periodo se apartasen de la misma, por un motivo u otro (por ejemplo, la STS de 8 de febrero de 2005 o la STS 2 de diciembre de 1997, que indica claramente que “en el presente caso, se trata de una obligación de resultado,  la no producción de éste y  producción de un daño, sí presume la culpa en el autor, médico”).  A este respecto, ha de tenerse en cuenta la sentencia de 23 de octubre de 2008  que indica que  “las doctrinas sobre medicina curativa-medicina satisfactiva, y sobre obligación de medios-obligación de resultado, no se resuelven en respuestas absolutas, dado que según los casos y las circunstancias concurrentes caben ciertos matices y moderar las consecuencias. Las singularidades y particularidades, por tanto, de cada supuesto influyen de manera decisiva en la determinación de la regla aplicable y de la responsabilidad consiguiente”.

La STS de 29 de junio de 2007 supone un paso más en el razonamiento del Tribunal con respecto a la consideración que merece la obligación que liga al paciente con el médico en los  supuestos de medicina satisfactiva. Indica esta sentencia que “la distinción entre obligación de medios y de resultados, no es posible en el ejercicio de la actividad médica, salvo que el resultado se garantice, incluso en los supuestos más próximos a la llamada medicina voluntaria que a la satisfactiva, cuya diferencia tampoco aparece muy clara en los hechos, sobre todo a partir de la asunción del derecho a la salud como bienestar en sus aspectos psíquicos y social, y no sólo físico. La responsabilidad del profesional médico es de medios, y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados y, en particular, proporcionarle la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención. Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual”.

En este sentido, la STS 22 de noviembre de 2007 señala que los casos de medicina voluntaria o satisfactiva “no comportan por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución recurrida”, lo cual a juicio del Tribunal se deduce de la evolución jurisprudencial, señalándose especialmente las SSTS 25 de abril de 1994, 11 de febrero de 1997, 7 de abril de 2004, 21 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006 y 23 de mayo de 2007.

De ello deriva que la obligación del médico en la medicina satisfactiva es también de medios, excepto en los casos en que el resultado estuviera pactado o garantizado. Ello no es óbice para que se afirme que la obligación de medios se intensifica, no sólo en el aspecto de la información previa al consentimiento del paciente, sino también en cuanto a que se han de extremar los cuidados, actividades y análisis que resulten precisos para el mayor aseguramiento del éxito de la actuación médica. Como muy bien se indica en la SAP Zaragoza 9 de mayo de 2008  “si bien no se garantiza totalmente el resultado, por el componente aleatorio inherente a toda actuación médica, debe partirse de una cierta garantía en su obtención”.

Paralelamente a los tratamientos de medicina satisfactiva en sentido estricto, existen hoy en el mercado gran cantidad de tratamientos puramente estéticos, cuya realización no corresponde de ordinario a facultativos, y cuya distinción respecto al régimen jurídico previsto para los tratamientos de medicina satisfactiva en sentido propio no está tan clara. Así ocurre, por ejemplo, con los tratamientos de depilación láser. En opinión de DÍAZ MARTÍNEZ[8], para dichos tratamientos la asimilación , en cuanto a su régimen jurídico respecto a los tratamientos de medicina satisfactiva, debe ser prácticamente total aunque no se administren o proporcionen por profesionales sanitarios, tanto en materia de información como en la obligación asumida respecto a quien  se somete a un tratamiento para mejorar su aspecto, entendiendo que resulta muy similar a una obligación de resultado, siéndolo directamente, si éste se hubiera garantizado.

Volviendo de nuevo a los resultados en la medicina satisfactiva, no resulta inusitado que el paciente o cliente no logre ver satisfechas sus expectativas tras la aplicación del pertinente tratamiento, o puede que incluso su estado empeore respecto a la situación existente antes del tratamiento Como se ha indicado anteriormente, en estos casos no resulta suficiente para predicar la responsabilidad del profesional sanitario la mera invocación a la no consecución del resultado pretendido, puesto que como indica el Tribunal Supremo “ los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas” (STS 20 de noviembre de 2009).

En definitiva, el médico sólo responde de la no consecución del resultado pretendido si se acordó expresamente o se garantizó al paciente. Dicho aseguramiento del resultado a los pacientes o clientes no puede deducirse del simple hecho de que nos hallemos ante un supuesto de medicina satisfactiva (SSTS de 21 octubre 2005 y 22 de noviembre de 2007). Partiendo de la premisa de que no siempre existirá una cláusula en el contrato que expresamente así lo prevea, resulta indispensable fijar una serie de criterios en base a los cuales pueda dilucidarse sin ningún género de duda si la obligación del médico se extiende o no a la consecución del resultado con base a la garantía de éste.

DÍAZ MARTÍNEZ[9] cree haber encontrado una serie de parámetros comunes en la jurisprudencia, principalmente menor, en base a los cuales puede determinarse la existencia o no de garantía en el resultado. Los parámetros que enuncia son los siguientes:

1. Interpretación de las cláusulas del contrato. En efecto, si como indica el Supremo, no es posible presumir que exista una garantía del resultado en la intervención por el mero hecho de encuadrarse en el ámbito de la medicina satisfactiva, habrá que estar a los términos convenidos. Sin embargo, no es frecuente que los contratos para este tipo de intervenciones contengan una cláusula que suponga la extensión de la responsabilidad del facultativo a la obtención de un resultado. Antes al contrario, ya que es mucho más frecuente que contengan estipulaciones que indiquen que no es posible asegurar la eficacia del tratamiento. Sin embargo, los Tribunales están resolviendo dichas estipulaciones, cuando se trata de condiciones generales de contratación, en favor del cliente. Especialmente cuando dicho resultado queda totalmente frustrado, entendiendo que si bien no se garantiza un resultado total, sí al menos uno parcial (véanse como ejemplo las SSAP Valencia 22 de mayo de 2006 y 28 de diciembre de 2007).

2. Incidencia de la valoración subjetiva del paciente, y su conducta en la consecución del resultado pactado.  Desde luego,  el gusto del paciente no puede ser lo determinante en la valoración de si el obtenido es o no satisfactorio. Como indica la SAP de Madrid de 14 marzo 2006 , la inoperancia del tratamiento no puede analizarse exclusivamente en términos subjetivos bajo la óptica del cliente o paciente, dado que la idea de la belleza es un sentimiento personal pero ligado, también, a condiciones de ambiente, de lugar, de tiempo, de moda, etc. Es preciso, por tanto, realizar una valoración conjunta de la prueba para poder concluir si existió incumplimiento del contrato. Por otra parte, se dice en la SAP Madrid de 7 de junio de 2007 el sentimiento de frustración del paciente por lo que entiende un resultado inadecuado del tratamiento estético puede estar ligado a representaciones idílicas que por sus circunstancias sean inalcanzables, de modo que hay que introducir factores que reduzcan la subjetividad. Lo esencial es que se haya informado al paciente de los resultados que previsiblemente pudieran esperarse, acomodando las expectativas del paciente o cliente a la realidad.  Ahora bien, si en lugar de limitar dichas expectativas con una información adaptada al caso concreto, se incentivaron aun cuando el resultado esperado no podía alcanzarse, bien con afirmaciones en esa dirección, bien incluso con silencios significativos, no sería incorrecto entender que en este caso, forma  parte del contenido del contrato la consecución de aquél y, por tanto, de no obtenerse finalmente se habría producido incumplimiento generador de responsabilidad contractual.

Cuestión distinta a ésta, es cuando el resultado perseguido se frustra debido a la conducta negligente del propio paciente. Así ocurre cuando el intervenido abandona voluntariamente el tratamiento habiéndosele informado previa y correctamente de que era necesario en la fase de seguimiento postoperatorio para el éxito final de la actuación médica-estética ( SAP Valencia 24 octubre 2005 , en una cirugía estética de elevación y aumento de mamas) o cuando simplemente hace caso omiso de las instrucciones de los médicos (especialmente en los casos de exposiciones al sol tras haber sido intervenido con láser o con productos despigmentantes). No ha de confundirse dicha conducta con la negativa del paciente a someterse a una nueva intervención cuando el resultado objetivamente perseguido que se hubiera podido conseguir con una sola intervención, requiera de una segunda por haber quedado frustrada la primera. En estos casos, como señala la  SAP de Barcelona de 13 septiembre 2010, no puede exigírsele al paciente que se someta a un nuevo tratamiento cuando ha perdido la confianza en el facultativo, pudiendo exigir directamente la devolución de la cantidad desembolsada si se le hubieran garantizado los resultados.

3. La publicidad como elemento determinante de la garantía de un resultado.  En el caso de la medicina satisfactiva, la publicidad es mucho más frecuente que en la medicina curativa. Publicidad la cual puede a inducir a error al ciudadano medio, ofreciéndole tratamientos que supuestamente aportan una rápida mejora de su aspecto físico sin apenas riesgos. No hay que olvidar que en este aspecto resulta de aplicación lo dispuesto en la legislación de protección de consumidores a la publicidad como elemento integrador de las obligaciones del prestador del servicio y no simple reclamo de captación de clientes en el art. 61.2º TRLCU. Ello se aplica incluso  en ocasiones en que el documento de consentimiento informado o el propio contrato insisten en que no se garantiza resultado alguno con el reiterado argumento de que la Medicina no es una ciencia exacta, pues se superpone a ello la garantía de resultado que sí se ofreció en la publicidad del servicio para concluir el efectivo incumplimiento del contrato (SAP Madrid 19 de enero de 2007, y SAP Barcelona 8 de abril de 2008, entre otras).

Por su parte, el  Tribunal Supremo, en su Sentencia de 4 octubre 2006  estima la responsabilidad de un centro estético por la falta de consecución del resultado prometido ligando este extremo con la campaña publicitaria capaz de inducir a error que se había llevado a cabo, en la que el resultado quedaba comprometido si se seguía un tratamiento de implantes capilares descrito como sencillo y sin resultado negativo posible. Muy similar a esta sentencia es la SAP de Madrid  de 26 julio 2005, en la que se acude a la publicidad emitida  para valorar la responsabilidad por las quemaduras sufridas por la paciente o cliente tras un tratamiento de fotodepilación publicitado como indoloro, inocuo, rápido y efectivo, ya que no se le advirtió en absoluto de tales riesgos. Además en dicha publicidad se anunciaba que los efectos del tratamiento en cuestión eran duraderos en el tiempo, limitándose en realidad, a un periodo entre 6 meses y 1 año.

Cabría preguntarse sin embargo, si aun en los casos en los que el resultado estuviese garantizado, podría predicarse la responsabilidad del facultativo de la mera no consecución del mismo. En mi opinión, no es posible introducir un criterio de imputación objetiva que prescinda  de toda idea subjetiva de culpa, dependiendo del simple resultado alcanzado, al margen de cualquier otra valoración, en especial de toda relación de causalidad o cualquier consideración sobre la culpabilidad o sobre la adecuación de la actuación médica a la lex artis. Me inclino más a pensar que, como indicaba LLAMAS POMBO, el facultativo incurre en culpa in contrahendo cuando temerariamente se compromete a la consecución de un resultado que no puede alcanzar. O bien, como se sugiere en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1991, incurre en impericia profesional cuando el resultado que garantiza se encuentra perfectamente a su alcance, pero no lo logra.

 

Juan Campos Fernández

Licenciado en Derecho

Máster en Derecho Sanitario, Bioética y Derecho a la Salud en la Unión Europea.



[1]    GARCÍA HERNÁNDEZ, Elementos de Derecho sanitario en la responsabilidad civil y penal de los médicos por mala praxis, Madrid, 2002.

[2]    FERNÁNDEZ COSTALES, La responsabilidad civil sanitaria, Madrid, 1995.

[3]    DOMÍNGUEZ LUELMO, Derecho sanitario y responsabilidad médica, Valladolid, 2003.

[4]    LLAMAS POMBO, La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales y modernos, Madrid, 1988. Citado en BLANCO PÉREZ-RUBIO, El deber de información en la medicina voluntaria o satisfactiva. Estudios de derecho de obligaciones : homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez/coord. Por Eugenio Llamas Pombo,Vol.1, 2006 págs.175-198

[5]    GALÁN CORTÉS, Responsabilidad civil médica, Navarra, 2005.

[6]    MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, La cirugía estética y su responsabilidad, Granada,1997.

[7]    FERNÁNDEZ HIERRO, Sistema de responsabilidad médica (5º Ed.) Comares, 2008.

[8]    DÍAZ MARTÍNEZ, “El resultado garantizado o pactado en los tratamientos de medicina estética”, Aranzadi Civil-Mercantil num. 10, 2011

[9]    DÍAZ MARTÍNEZ, op.cit.

14 comentarios para “Particularidades del consentimiento informado en el ámbito de la medicina voluntaria o satisfactiva (II).La naturaleza de la vinculación entre el paciente y el facultativo en la medicina voluntaria o satisfactiva. La extensión de la responsabilidad en la medicina satisfactiva por medio de la garantía del resultado.”

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