¿QUÉ HACER SI NO SE ESTÁ DE ACUERDO CON UNA MULTA DE TRÁFICO?

Hay multitud de ocasiones en las que por cualquier circunstancia no se está de acuerdo con la multa interpuesta. En estos casos, el procedimiento a seguir es el siguiente:

Una vez que la multa ha sido notificada se dispone de un plazo de quince días hábiles (no se cuentan sábados, domingos o festivos) para efectuar alegaciones, esto es, exponer en un escrito los motivos por los que no se está de acuerdo con la sanción y aportar la documentación que avale esta postura y proponer las pruebas que se estimen oportunas.

Si es necesario para la averiguación y calificación de los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades, el instructor del expediente sancionador, tras recibir las alegaciones acordará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean adecuadas.

El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución motivada las pruebas propuestas por los interesados, cuando sean improcedentes.

Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el instructor elevará propuesta de resolución al órgano que tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.

Posteriormente la Autoridad competente dictará resolución sancionadora o resolución que declare la inexistencia de responsabilidad por la infracción.

La resolución habrá de notificarse en el plazo de un año desde que se inició el procedimiento, deberá ser motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resolución no podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento.

Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución.

Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores podrá interponerse dentro del plazo de un mes recurso de alzada.

Las resoluciones de los recursos de alzada serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los términos previstos en su ley reguladora.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso administrativa.

El plazo de prescripción de las infracciones será el de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y un año para las infracciones muy graves, y se cuenta a partir del día en que los hechos se hubieran cometido.

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio. La prescripción se reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.

El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la correspondiente sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

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