RETIRADA DE NUESTRO VEHÍCULO POR LA GRÚA -PARTE 4-

3 de julio de 2014

Por Pablo Hitos Madrid.

Abogado.

Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:

El conductor dé positivo en los test de alcoholemia o drogas.

También puede darse la inmovilización si el conductor se niega a realizar  estas pruebas.

Podemos decir que todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

Control de alcoholemia

El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de las pruebas que realicen a la Autoridad judicial, a los órganos periféricos de la Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.

Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado primero del presente artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.

 

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

RETIRADA DE NUESTRO VEHÍCULO POR LA GRÚA -PARTE 3-

26 de junio de 2014

Análisis del artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Por Pablo Hitos Madrid.

Abogado.

Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:

  • a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación. Quiere decir que  el auto será inmovilizado cuando por ejemplo no esté matriculado, también puede darse el caso que el vehículo no posea permiso de circulación o en todo caso el permiso haya caducado o se haya cancelado.

 

*Ejemplo de autorización administrativa para circular.

  • b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. Si presenta anomalías que constituyen un riesgo especialmente grave para los demás: circular sin faros, sin sistema de frenado, con golpes visiblemente graves, o bien tiene la ITV negativa. Puede ocurrir que  el auto es examinado en alguna estación de inspección técnica del vehículo y allí comprueban que alguno de sus elementos que lo conforman no es apto, homologado o simplemente no esta en buen estado, por lo tanto el conductor del turismo debe dirigirse lo antes posible a un taller mecánico para que todas esas anomalías sean reparadas.

 

  • c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio. Un ejemplo que podemos ver diariamente es el caso de los jóvenes y sus ciclomotores que circulan sin casco, o por otro lado, lleva el conductor pero el acompañante  opta en muchas ocasiones por no usarlo.

* Circulando sin casco.

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

CONVOCATORIA DE UNA PASANTÍA

25 de junio de 2014

Desde crovetto abogados asociados se convoca UNA plaza de pasantía. Interesados contactar con despacho@crovettoabogadosasociados.es  remitiendo curriculo. Nos pondremos en contacto

RETIRADA DE NUESTRO VEHÍCULO POR LA GRÚA -PARTE 2-

10 de junio de 2014

Por Pablo Hitos Madrid.

Abogado.

Una semana más desde Crovetto Abogados volvemos a examinar este interesante tema, con el que tratamos de asesorarle y aconsejarle lo mayormente posible, estimado usuario.

Estamos entrando de lleno  en una materia que seguramente ha traído de cabeza a nuestros lectores en alguna ocasión, por lo tanto, el objetivo de esta entrada y las siguientes es seguir comentado, aclarando y explicando una de las tantas situaciones por las que la grúa puede retirarnos nuestro vehículo.

Si desea mas información al respecto, no dude en visitarnos o contacte con nosotros por los diferentes medios (correo electrónico, teléfono o formulario de consultas de nuestra página Web), les atenderemos gustosamente.

Una de las situaciones por la que puede darse la retirada del vehículo y su depósito es en el caso de que se produzca un accidente que impida continuar su marcha, es decir, si vamos con nuestro auto  y chocamos con otro vehículo como por ejemplo un camión y el estado del turismo es tal que es imposible continuar con bien porque es un siniestro total o porque sería muy peligroso, nuestro vehículo será retirado lo antes posible.

Hay casos en los que se procede la detención del turismo de forma legal sin existir lugar adecuado para practicar tal inmovilización,  es decir, pongámonos en el caso que vamos con nuestro vehículo circulando, se estropea a mitad de un puente y  no podemos continuar con el, se da la situación de que no hay lugar adecuado para la retirada del auto y por ello obstaculizamos a los demás vehículos o personas.

 

En siguientes entradas analizaremos el artículo 84 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Estén atentos a nuestras próximas publicaciones y no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Como siempre a su entera disposición, muchas gracias.

 

El consentimiento informado. LIB vs LAP (IV).

6 de junio de 2014

Por Juan Campos Fernández

Abogado

Al final de esta semana, y como viene siendo ya habitual, desde CROVETTO ABOGADOS no nos olvidamos de nuestros queridos lectores antes de despedirnos hasta el próximo lunes. Siguiendo pues con nuestro interés por tenerles lo mejor informados posible en relación a los derechos que les amparan en todos los ámbitos, en mi caso en materia biosanitaria, continuamos la exposición del tema ya se adelantó en la anterior entrada, en este caso de manera más sucinta.

Corresponde por consiguiente hablar ahora de la forma en la que ha de prestarse el consentimiento, o mejor dicho, de las diferencias que en cuanto a forma se refieren de conformidad con la regulación contenida en la Ley de Investigación Biomética y en la Ley 41/2002. Siguiendo esta línea de pensamiento, en relación a la forma en la que ha de prestarse dicho consentimiento, y en la que ha de suministrarse por ende la información, la Ley de Investigación Biomédica señala en su art.48.1 que “será preciso el consentimiento expreso y específico por escrito para la realización de un análisis genético”.

Contrariamente a dicha regulación, la LAP señala que por norma general se hará verbalmente (art.8.2). Sin embargo, ha de señalarse que la LAP contempla una serie de excepciones a la norma general en cuyo caso habrá se seguirse un procedimiento escrito, similar al contemplado en la LIB, a saber: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Por todo lo anteriormente expuesto, cabría preguntarse si, por la relevancia que pudieran tener los datos genéticos respecto a la intimidad de la persona, en realidad se estuviera dando al supuesto regulado en la LIB el tratamiento de una intervención invasiva en los términos señalados en el art.8.2 LAP.

Desde CROVETTO ABOGADOS esperamos que la presente entrada haya suscitado su interés, o al menos su curiosidad. No olviden que como seguimos a su entera disposición para todo lo que pudiera inquietarles en lo referente a cualquier tema jurídico. Sin más, me despido hasta la semana que viene.

El consentimiento informado. LIB vs LAP (III)

30 de mayo de 2014

Por Juan Campos Fernández

Abogado

Una semana más, desde Crovetto Abogados seguimos con nuestro compromiso de ofrecer siempre a nuestros seguidores la mayor, mejor y más completa información posible a propósito de los problemas jurídicos más comunes. Que lo consigamos o no, lo dejamos a su entero juicio. 

Tal y como se anunció en la anterior entrada, proseguimos hoy con la cuestión relativa al tratamiento del consentimiento informado en la LIB, ahondando hoy en la cuestión del contenido material. A propósito de ello, y en cuanto al contenido de la información que ha de ser suministrada, el art.10.5 LGS, ahora derogado, establecía que la información debía prestarse al paciente en términos comprensibles, ser completa y continuada, facilitada en forma verbal y escrita, sobre sus proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, requisitos los cuales fueron progresivamente ampliados por la jurisprudencia anterior a la promulgación de la ley 41/2002.

 La Ley 41/2002, básica de la autonomía del paciente, regula con carácter general, al reconocer al paciente el derecho a la información asistencial, el contenido mínimo de esta información: “la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias” (art. 4.1). Dicha información, regulada con carácter de mínimos, debe referirse en virtud del art.10 a los siguientes extremos: las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones.

 

La información, según se desprende de la jurisprudencia y la doctrina ha de ser adecuada, y comprensible debiendo ser adaptada por el responsable de suministrarla a las características del paciente, de tal manera que el paciente pueda prestar su consentimiento (art.2.2) pudiendo decidir con conocimiento de causa y libremente entre las diversas opciones (art.2.3).

Con independencia de estos requisitos, la LIB señala otros bien diferentes, y que no guardan relación con el procedimiento en sí mismo. Así, el art. 47 LIB recoge los elementos de los que debe estar compuesta la información previa al consentimiento, siendo los mismos más bien heterogéneos:

 

1.º Finalidad del análisis genético para el cual consiente. 

2.º Lugar de realización del análisis y destino de la muestra biológica al término del mismo, sea aquél la disociación de los datos de identificación de la muestra, su destrucción, u otros destinos, para lo cual se solicitará el consentimiento del sujeto fuente en los términos previstos en esta Ley. 

 3.º Personas que tendrán acceso a los resultados de los análisis cuando aquellos no vayan a ser sometidos a procedimientos de disociación o de anonimización. 

 4.º Advertencia sobre la posibilidad de descubrimientos inesperados y su posible trascendencia para el sujeto, así como sobre la facultad de este de tomar una posición en relación con recibir su comunicación. 

 5.º Advertencia de la implicación que puede tener para sus familiares la información que se llegue a obtener y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a aquéllos. 

 6.º Compromiso de suministrar consejo genético, una vez obtenidos y evaluados los resultados del análisis.

 

Como puede observarse, contrariamente a la regulación de la LAP, que incide sobre los riesgos que pudieran derivarse de la administración del tratamiento o sometimiento al procedimiento, los requisitos enunciados en la LIB guardan más relación con los fines y los resultados que pudieran obtenerse y relevancia que se derivara para terceros. Resulta especialmente relevante el hecho de que tres de los seis requisitos enunciados se refieran en exclusiva al acceso que pudieran tener terceros a dicha información de carácter personal, tanto por personal investigador o autoridades (nº3 en relación con el art.50.3) como por sus parientes biológicos (5º, en relación con el art.49.2) o incluso por él mismo aun cuando no quisiere ser partícipe de dichos descubrimientos (nº4). También resulta relevante señalar que el apartado nº4 aparece en la LIB configurado más como un límite al derecho a no ser informado que como un elemento material del derecho a ser informado, de manera muy similar a como lo hace la LAP en el art.9.1. Dicho requisito ha de ser puesto también en relación con el art.49.2 LIB, que en este caso sí aparece caracterizado claramente como un límite al derecho a no ser informado.

 

La semana próxima, ahondaremos un poco más en esta cuestión; siempre con el permiso de nuestros lectores, y examinaremos algunos de los requisitos que marca la LIB en relación a la forma en la que ha de prestarse el consentimiento. Sin más, nos despedimos. No olviden que cualquier duda, sugerencia o consulta que quieran hacernos, será más que bienvenida.

RETIRADA DE NUESTRO VEHÍCULO POR LA GRÚA -PARTE 1-

29 de mayo de 2014

Por Pablo Hitos Madrid. Abogado.

Esta semana volvemos con un nuevo tema que puede resultar de gran interés y utilidad a nuestros lectores.

¿Cuándo puede la grúa retirarnos el vehículo?

Debemos saber que la Autoridad que se dedica a gestionar y encargarse del tráfico como por ejemplo Policía Local y Guardia Civil podrá retirarnos el vehículo si el conductor u obligado a ello no lo hiciera. Puede darse el caso que el conductor estacionó en un lugar que no era permitido (imaginemos que vamos con nuestro vehiculo y estacionamos haciendo caso omiso a una señal de tráfico que expresamente pone que esta prohibido aparcar, la grúa con todas de la ley podría llevarse nuestro vehículo).

El coche, furgoneta etc.. será retirado de la vía y lo llevaran al depósito municipal.

A continuación vamos a profundizar los casos en los que puede darse esta situación:

Siempre que nuestro coche o cualquier vehículo  este causando peligro podrá ser retirado de la vía, también puede darse el caso de que nuestro vehículo cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos, peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.

Por ejemplo: Imaginemos que visitamos Granada y no encontramos aparcamiento, por lo tanto, decidimos aparcar en mitad de la Plaza de Colón o Plaza Nueva. En este caso estaríamos causando problemas a la circulación de peatones e incluso a su vez podríamos estar deteriorando un patrimonio público como es la Plaza de Colón.

Mas simple aún: aparcamos en una acera lo cual dificulta la circulación a peatones o dejamos nuestro vehiculo en mitad de la vía o carretera, lo que provocará problemas para lo demás vehículos a la hora de circular.

En próximas entradas volveremos con este tema, mientras tanto, no duden en expresar sus opiniones en la caja de comentarios.

Muchas gracias.

El consentimiento informado. LIB vs LAP (II).

21 de mayo de 2014

Por Juan Campos 

Abogado 

La semana anterior, estuvimos comentando las diferencias entre la regulación del consentimiento informado en la Ley 41/2002 y en la Ley de Investigación Biomédica, o mejor dicho indicando las especialidades de esta última.  Tengan presente que en entradas pretéritas  pueden hallar a su disposición un profuso y prolijo estudio a propósito del régimen jurídico propio del consentimiento informado, que desde CROVETTO ABOGADOS hemos tenido a bien facilitarles de manera totalmente gratuita para solventarles cualquier inquietud que pudiera suscitárseles al respecto. Continuando con la política de nuestro despacho de ofrecer al público cuanta información les pueda ser de utilidad en su día a día, de manera enteramente desinteresada y con un completo ánimo de liberalidad,  proseguimos esta semana con la exposición de dicho régimen especial presente en la LIB y que les dotará de la autonomía suficiente como para defender por sí mismos todos los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce en los supuestos contemplados en la LIB, y en particular en lo relativo a estudios genéticos. No obstante a lo anterior, si consideran que de algún modo dichos derechos han podido verse vulnerados en manera alguna, no duden en contactar con nosotros. 

Retomando sin más preámbulos la cuestión, conviene ahora examinar el derecho de acceso que la Ley de Investigación Biomédica reconoce a los familiares biológicos de un paciente fallecido. En este sentido, el derecho de acceso a los datos sanitarios aparece reconocido en la LIB respecto a los familiares biológicos una vez el sujeto fuente ha fallecido (art.48.2), no resultando tan problemático este supuesto.

Evidentemente, la LAP recoge también este derecho de acceso referido al historial clínico, pero equiparando a los familiares biológicos, familiares no biológicos y personal vinculadas al fallecido por razones de hecho. Ahora bien, aunque los sujetos legitimados en virtud de dicho artículo son sensiblemente más numerosos que los reconocidos en la LIB en relación a los datos genéticos, se garantiza dicho acceso sólo en los supuestos en los que no pueda acreditarse una negativa expresa por parte del fallecido a dicho acceso, y cuando dichos datos no atenten contra la intimidad del mismo o respecto a terceros, ni se refieran a las anotaciones subjetivas de los profesionales sanitarios. Sin embargo, se recoge en el mismo artículo el derecho de tercero a acceder a los datos que pudieran serle precisos debido a un riesgo motivado para su salud, con independencia de los anteriores requisitos (excepto el referido a las anotaciones subjetivas).

La próxima semana ahondaremos en los requisitos que la norma exige a esta información que ha de ser suministrada, cuestión que de por sí exige un análisis separado y que se muestra como esencial en el ámbito que nos ocupa. No olviden que CROVETTO ABOGADOS sigue, como siempre, a su entera disposición para cualquier asunto que les inquiete.

CONTRATOS DE TELEFONO.PERMANENCIA -8- FINAL

20 de mayo de 2014

Por Pablo Hitos Madrid, Abogado.

Una semana más volvemos con la continuación de este interesante tema.

 

Si el consumidor y cliente desea abandonar a su operador de telefonía móvil por un cambio en las condiciones de contrato, el usuario debe saber que también tiene derecho a reclamar el importe de su teléfono móvil. No obstante, si fue la compañía la  que “regaló” el terminal al usuario, este debe devolverlo.

 

La penalización al cliente por no cumplir con lo establecido suele oscilar entre los 250 y los 350 euros.

Desde Facua aclaran que “la penalización tiene que ser equivalente al descuento que te han aplicado en el móvil que te venden; cómo máximo debe corresponder al valor de mercado del móvil”.
En cualquier caso, “la penalización se prorratea a la baja por cada mes que vaya pasando”, asegura el portavoz de esta organización. Si por ejemplo deseas darte de baja cuando llevas 17 meses de contrato, sólo tendrías que pagar la décimo séptima parte de la penalización total.

La OCU señala también que “la penalización se tiene que calcuar propocionalmente al tiempo que has permanecido en la compañia” y afirma que “muchos tribunales ya tienen en cuenta estas distinciones”.

Como áctuar.

El consumidor debe ponerse en contacto con la compañía telefónica, dejando constancia de sus intenciones a través de correo electrónico, burofax o fax con reporte.

Que debe contener la reclamación:
- La voluntad del cliente y usuario de poner fin al contrato.
- El motivo.
- Instar a la compañía de que se abstenga de hacer al consumidor cualquier tipo de cargo como penalización o de incluirlo en fichero de solvencia patrimonial.
Si la compañía insiste en cobrar al consumidor y usuario la penalización este puede ordenar al banco la devolución del recibo. Y si al cliente se le pasó el plazo, podrá reclamar directamente en el juzgado.

 

Estén atentos a nuestras próximas publicaciones, muchas gracias por su atención.

 

El consentimiento informado: LIB versus LAP.

8 de mayo de 2014

 Por Juan Campos,  Abogado.

En anteriores entradas, se trató de manera ciertamente prolija todo lo relativo al tratamiento legal del consentimiento informado en la Ley 41/2002, en relación a lo cual me remito a ellas. Como se sabe, la entrada en vigor de la la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente (en adelante LAP) y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica supuso la consagración en nuestro ordenamiento jurídico de dos principios básicos: el derecho de todo paciente o usuario a ser informado, y la exigencia de que el consentimiento que deba prestarse en el marco de la actividad sanitaria tenga su origen en una previa información facilitada por el facultativo y previamente asimilada por quien deba prestarlo. Este consentimiento informado aparece definido en la ley como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecte a su salud”(art.3). Ello ha de conectarse con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, que regula los concretos derechos del paciente y su consentimiento en materia de investigación genética (en adelante LIB).

 Frente a los anteriores modelos, el paciente, por el hecho de serlo, no pierde su dignidad y los derechos que le son inherentes por el hecho de requerir de los servicios de un facultativo, en especial el derecho de autodeterminación en relación a su salud. De este modo tiene derecho a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea conveniente. Así lo reconoce expresamente el art. 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 20001.

 El art. 5.1 de la Ley 41/2002 dispone que “el titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita”, entendiéndose por paciente “la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud”(art.3). Por consiguiente el titular del derecho a la información es el propio paciente, siempre y cuando tenga la capacidad de decidir por sí mismo según se desprende de la redacción del art.5 de la Ley. El paciente será titular del derecho a la información siempre que tenga la aptitud cognoscitiva para entender la información y para poder elegir autónoma y racionalmente lo conveniente a sus intereses.

 Es en dicho reconocimiento en donde esencialmente difieren las regulaciones contenidas en la propia Ley 14/2001 y en la LIB. En efecto, contrariamente a la regulación originalmente contenida en la LAP, la LIB reconoce dicha titularidad tanto al paciente como a sus familiares biológicos, en forma cumulativa, tal y como se recogía en la antigua LGS (concretamente en el art.10.5). De esta manera, el art.49.2 indica que “cuando esta información sea necesaria para evitar un grave perjuicio para la salud de sus familiares biológicos, se podrá informar a los afectados o a su representante legalmente autorizado. En todo caso, la comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas finalidades” siempre que el interesado hubiera declinado la posibilidad de recibir dicha información por sí mismo, y por ende de transmitírsela a sus familiares.

 Esta suerte de cotitularidad sobre los datos sanitarios obtenidos resulta especialmente relevante en el caso en que el paciente ejercite su derecho a no ser informado (implícitamente reconocido en el art.49 LIB y expresamente en el art.4.1 LAP), estando facultado el personal sanitario para informar directamente a los familiares de éste. No indicándose en la LIB sobre quién concretamente debería recaer dicho deber, entiendo que en virtud del art.3 LAP recae sobre el “profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso”.

Cierto es sin embargo que dicho límite a la autonomía del paciente en relación a sus facultades de disposición sobre los datos obtenidos fue posteriormente introducido en la LAP. De manera más clara que la LIB, el art.9 LAP introduce una serie de limitaciones que han de sumarse a las originalmente previstas en los arts.5.3 y 5.4, e indicando en su número 1 que “la renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso”.Y en efecto, si la facultad de disposición sobre dicha información aparece restringida en la propia LAP respecto a los intereses de terceros, parece lógico que con más razón quede limitada la disponibilidad de éste respecto a datos genéticos, que no pueden estar referidos únicamente al sujeto fuente, sino que revelan información perteneciente tanto al propio sujeto como a sus parientes biológicos.  

En posteriores entradas, ahondaremos en esta distinción con objeto de dar a conocer con mayor facilidad el régimen previsto en la LIB, y la complementariedad y diferencias de éste respecto a la LAP.

1El citado Convenio dispone que “una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento”.