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“JUSTICIA DE POBRES, JUSTICIA DE RICOS”

LAS TASAS QUE NOS ESPERAN
El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia.
La vigencia de esta norma implica que para poder acceder a la tutela judicial efectiva (derecho fundamental que consagra nuestra constitución), deberemos previamente pasar por caja cuando se trate del ejercicio de los siguientes actos procesales:
Interposición de demanda en toda clase de procesos declarativos. Así sucedería, por ejemplo, cuando se quiera reclamar una factura, cuando pleiteemos por una herencia, o por una cuestión de lindes.
Interposición de demanda de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, como es el caso de un documento notarial en el que se realiza un reconocimiento de deuda.
La formulación de reconvención ( o lo que podríamos llamar “vulgarmente” contrademanda).
La petición inicial de proceso monitorio, como ocurre en el caso de reclamación de las cuotas de comunidad a nuestros vecinos morosos.
La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos concursales.
La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En estos supuestos podríamos englobar el recurrir una multa, o el reclamar por daños sufridos, por ejemplo, al tropezar con un socavón en la vía pública.
La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
La interposición del recurso de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo.
La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.
La oposición a la ejecución de títulos judiciales.
Ahora bien, económicamente, ¿qué nos cuesta poder pleitear para defender aquello que creemos que en derecho nos corresponde?
Ante todo, precisar que el pago del “tasazo” lo han de soportar todos los justiciables con independencia de su capacidad económica. La referencia a la capacidad económica en nuestro artículo no es casual, ya que entendemos que se trata de un principio de equidad recogido en nuestra Carta Magna. (Artículo 31 de la Constitución).
Esta Ley no hace distinción entre grandes fortunas y “curritos” de a pie. Todos pagan por igual. Únicamente queda exento del pago de la tasa si es usted beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, o lo que es lo mismo, si en la unidad familiar a la que pertenece no se supera el nivel de rentas o ingresos económicos de 14.910,28 € anuales (el doble del Indicador de Público de Rentas a Efectos Multiples).
Disertaciones aparte sobre justicia, igualdad y progresividad, para saber cuánto hemos de satisfacer al Erario público, hemos de partir en primer lugar, de una tasa fija cuyo importe viene determinado en función del tipo de procedimiento:
ORDEN CIVIL:
Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: 100 euros.
Verbal y cambiario: 150 euros.
Ejecución extrajudicial y concurso ordinario: 200 euros.
Ordinario: 300 euros.
Apelación: 800 euros.
Casación: 1.200 euros.
ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:
Abreviado: 200 euros.
Ordinario: 350 euros.
Apelación: 800 euros.
Casación: 1.200 euros.
ORDEN SOCIAL:
Suplicación: 500 euros.
Casación: 750 euros.
A lo anterior, hay que sumarle una cantidad variable que se calcula en función de la cuantía del procedimiento.
De 0 a 1.000.000 euros:  Se aplicará el tipo del 0,5%
Resto: Se aplicará el 0,25%
Ejemplifiquemos lo expuesto: Tenemos un seguro a todo riesgo contratado para nuestro vehículo que cubre el 100% del valor de compra del mismo en caso de siniestro durante el primer año.
Si desgraciadamente tenemos un accidente y nuestro vehículo es declarado siniestro total en ese primer año de vigencia del contrato y resulta que aciagamente la compañía aseguradora rehúsa el pago de la indemnización; nos veremos obligados a interponer una demanda reclamando el pago del valor de compra de nuestro coche.
Así por ejemplo, si nos costó 12.000€, tendríamos que abonar de tasa las siguientes cantidades:
Por la interposición de la demanda en un juicio declarativo, la cantidad fija de 300€.
Y como cantidad adicional el 0,5% de esos 12.000 € que reclamamos, esto es otros 60 €.
Ya de entrada en la primera instancia habría que ingresar en la Hacienda Pública 360€. Súmele también los gastos de abogado y procurador. Si por alguna circunstancia, una vez dictada la Sentencia no está de acuerdo con sus pronunciamientos, prepárese para recurrirla:
Por la interposición del recurso de apelación otros 800€.
Y como cantidad adicional el 0,5% de la cuantía de los pronunciamientos que se estén apelando.
Sume y siga. ¿Le quedan ganas de seguir recurriendo?, reformulemos la cuestión ¿tiene usted liquidez suficiente como para poder afrontar semejante desembolso? Lo dicho: Justicia de pobres,Justicia ricos e incertidumbre para el resto.
Para no extendernos sobremanera, en próximas entradas seguiremos diseccionando esta Ley de Tasas pues aún quedan conceptos por dilucidar.

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3 respuestas

  1. Soy un joven abogado que está empezando. Empiezo a tener contacto con el mundo de la abogacía y tanto yo como mis compañeros nos hemos encontrado con esta nueva ley de tasas. Mi opinión es que esta ley nos deja indefensos a los españoles. España no está llena de ricos, de ésos hay unos pocos, de lo que está llena es de gente sin recursos económicos, de personas con problemas que recurren a la justicia para solucionar sus problemas. Mi idea es que el ciudadano medio se va a tener que quedar de brazos cruzados cuando no tenga medios para interponer una demanda… Sí es una Justicia para ricos.

  2. Me surge una duda con esta nueva ley de tasas…
    El caso es el siguiente:
    Interpongo demanda con mi tasa pagada.
    Se admite la demanda.
    Gano el pleito con costas.
    ¿Si gano el pleito me devuelven el dinero que pagué de la tasa?

    1. En contestación a su cuestión, hemos de atender a lo que se entienden por costas procesales, tal y como preceptúa el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ponerlo en relación con artículo 4 apartado 3 de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal y la Disposición Final Tercera de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
      Pues bien, toda vez que el legislador define como costas la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, cuando sea preceptiva; en el caso de que se gane el procedimiento con la expresa condena en costas de la contraria, usted tendrá derecho a que se le abone la parte que liquidó en concepto de tasas judiciales.
      No es que el Estado proceda a la devolución de las mismas, sino que es la parte que ve desestimadas su pretensiones, y a la que se condena en costas, la que tiene viene obligada a reintegrarle dicho importe.

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