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LA NUEVA “LEY ANTIDESAHUCIOS”

El pasado 16 de Noviembre, entro en vigor el Real Decreto Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección del deudor hipotecario. Se trata de una medida llevada a cabo por el Gobierno, según establece su Exposición de Motivos, en atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa el país y al drama social que supone el llegar a perder la vivienda habitual.
Ahora bien,… ¿en qué consisten estas medidas?, y sobre todo, ¿quién puede acogerse a ellas?
Lo que comprende esta nueva normativa es la suspensión del lanzamiento o del desalojo hasta el 16 de noviembre de 2014, o lo que es lo mismo, se permite al deudor ejecutado permanecer en la vivienda durante ese tiempo; lo cual no implica que los procedimientos hipotecarios se paralicen, o que se produzca una moratoria en el pago, ya que la deuda se mantiene y se siguen generando los pertinentes intereses.
La norma exige una serie de requisitos que podríamos clasificar de subjetivos o personales, y económicos. Ambos tipos deben darse conjuntamente para que se produzca la suspensión del lanzamiento.
Los requisitos subjetivos, serían aquellos que han de reunir las personas o familias que quieran acogerse a la moratoria decretada.
a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. De manera genérica, comprende aquellas familias constituidas por uno o dos ascendientes con dos o más hijos.
b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.
Pero estos no son los únicos requisitos que han de reunir las personas o familias que quieran acogerse a la norma, sino que también han de concurrir una serie de circunstancias económicas que vienen reguladas en el artículo 1 del Real Decreto:
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, lo que se traduciría en, 1.597 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 euros anuales.
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Entendiendo como tal que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5. Por ejemplo, si antes el pago de la hipoteca suponía el 50% de los ingresos familiares , viéndose multiplicado en los últimos cuatro años por 1,5, lo que en la actualidad con llevaría un 75% de la renta familiar.
c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.
Sin embargo, el Real Decreto Ley, sin entrar a modificar la legislación hipotecaria aplicable, regula una situación de carácter excepcional y temporal, y cuyo ámbito de aplicación no abarca la totalidad de los supuestos que la realidad social conforma. Quizá una medida insuficiente a la vista del dictamen emitido por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, que concluye que la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria al no garantizar una protección eficaz de los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas.
Sin entrar en valoraciones, las medidas reguladas no alteran la situación de morosidad de las familias, ni paralizan el devengo de los intereses, ni modifican la ejecución hipotecaria vigente, podemos concluir que se trata de una normativa provisional abocada a su agotamiento el 16 de noviembre de 2014, restituyéndose a partir de esa fecha los lanzamientos tal y como han venido efectuándose hasta el momento.

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12 respuestas

  1. Está muy bien que el Gobierno central de este país dicte decretos-leyes de este tipo, y que además lo justifique en su Exposición de Motivos con expresiones del tipo “se toma esta medida por el drama social que estamos viviendo y bla, bla, bla, bla”. Lo que me indigna, como ciudadano, como persona, como ser humano, es que tengan que morir (suicidarse) personas para hacer una llamada de atención, a los que se supone que mandan y velan por nuestro estado bien estar, para que tomen medidas. ¿Esto es un drama social sólo ahora? ¿Sólo es un drama social ahora que dos personas se hayan quitado la vida porque no tenían recursos para pagar a esos benditos bancos? No viene al hilo de esta entrada en su blog, sólo quería dar mi opinión sobre esta reacción tardía del gobierno ante tal mala situación del ciudadano medio. Gracias por la información que ofrece este blog y que resulta muy útil para el ciudadano. Un cordial saludo.

  2. Hola, tengo 25 años, soy carpintero de profesión y actualmente en paro. Haciendo un cálculo del paro que voy a recibir hasta marzo 2013 y los pocos ahorros que tengo, podría pagar la hipoteca del piso hasta septiembre de 2013. Entiendo cuales son los requisitos para poder aplazar el posible desalojo pero quería preguntar si, ¿han de concurrir todas o solo una de las “circunstancias económicas” a las que hace referencia el artículo 1 del decreto? Gracias

  3. Contestando a su cuestión, las personas que quieran acogerse a la norma deben reunir todas las circunstancias económicas que se recogen el el artículo 1.3 del Real Decreto – Ley.
    a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
    b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
    c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
    d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

  4. A mediados de 2011 perdí mi empleo y, con ello, mi vivienda. Me desahuciaron por no poder hacer frente a la hipoteca. La duda que se me plantea es si a raíz de esta “Nueva ley anti desahucios” puedo recuperar mi inmueble, ya que mi situación económica ha venido a mejor y hoy sí dispongo de recursos económicos para pagar las letras que en su día adeudaba . Espero su respuesta. Gracias. Un saludo.

    1. Tal y como se establece el la Disposición Transitoria Única del Real Decreto Ley:
      “Esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento.”
      En su caso, tal y como comenta, se ha procedido a efectuar el lanzamiento de la vivienda, es decir, lo han desahuciado, por lo que no podría acogerse a esta normativa para recuperar su vivienda.

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